El Ministerio Público informó que abrió una investigación penal en contra del juez Héctor Barraza, quien ordenó entregar las identidades de los testigos protegidos en el caso "Los Gallegos", brazo operativo del Tren de Aragua en nuestro país.
Los hechos podrían ser constitutivos de delito en relación a la entrega de información reservada.
El juez de Garantía de Arica autorizó entregar a la defensa de los acusados las identidades de los testigos protegidos y agentes encubiertos.
A raíz de esto, la Fiscalía de Arica y Parinacota se opuso rápidamente, buscando la manera de que no se haga efectiva la entrega de las identidades de las personas que declararon como testigos protegidos.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, notificó la apertura de la investigación penal de oficio, buscando determinar si se cometieron delitos relacionados a la entrega de identidades.
Además, se designó al Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien dirigirá la investigación y ejercerá la acción penal.
También garantizaría la protección de las víctimas y testigos, en caso de ser necesario.
El propio Fiscal Raúl Arancibia se refirió a la resolución del Fiscal Nacional respecto al juez de garantía.
La investigación busca "esclarecer los hechos y circunstancias en virtud de las cuales el Tribunal de Garantía de Arica entregó información reservada que contiene la identidad de los testigos que actúan en la causa dirigida en contra de la banda criminal 'Los Gallegos'", según afirmó Raúl Arancibia.
Los Gallegos y el Tren de Aragua en Chile
La investigación de la Fiscalía de Arica y de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI estableció que el clan “Los Gallegos” era liderado por los acusados Yoneiker Paredes Fagundez, Jorve Galavis García y Misael Zambrano Jiménez, seguidos de acusados que cumplían distintas funciones en la estructura criminal, como encargados de cobrar las extorsiones (vacunas), tráfico de drogas, trata de personas con fines de explotación sexual y labores de seguridad y sicariato, entre otros roles.
De los 44 acusados, 36 corresponden a ciudadanos venezolanos, además de un colombiano y un dominicano y el resto corresponde a ciudadanos chilenos (35 son varones).