La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó la liberación de César Manríquez Bravo, exagente de la DINA cercano a Manuel Contreras, tras acoger un recurso de amparo presentado por su defensa.
De acuerdo con la causa, Manríquez Bravo, de ahora 95 años, “fue condenado en una causa por violaciones a los Derechos Humanos, cuya pena fue modificada en distintas instancias hasta quedar fija en 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo”.
En detalle, el ex agente fue condenado como autor de los delitos de secuestro calificado en el contexto de la causa “Operación Colombo”, el operativo de montaje de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Según el portal Memoria Viva, el condenado también se desempeñó como jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana.
El tribunal de la Corte de Apelaciones de San Miguel evaluó varios informes médicos emitidos durante los últimos años que apuntan a que César Manríquez padece de enajenación mental y deterioro cognitivo irreversible.
En el fallo se expuso que “la mantención de la medida privativa de libertad en tales condiciones resulta incompatible con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos fundamentales, debiendo prevalecer una interpretación que armonice el derecho interno con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado”.
Por tanto, se acogió el recurso de amparo y se resolvió que el ex agente de la DINA no siga cumpliendo “la sanción privativa de libertad impuesta por sentencia firme y ejecutoriada en los autos Rol N°2182-1998, por haber caído en la condición clínica equivalente a enajenación mental, debiendo ser entregado para custodia y tratamiento a su cónyuge, Georgina Victoria Teresa Langer Von Furstenberg”.
Denuncian que fallo a favor del exfuncionario de la DINA no fue apelado
La Asociación Nacional de los Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Anfuddhh) denunció que desde la cartera de Derechos Humanos se instruyó no apelar la decisión de liberar a Manríquez, “lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”.
“No agotar las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad e impide garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, agregaron en su cuenta de X.
Para cerrar, apuntaron que esto es “un pésimo precedente frente a otras causas judiciales en las que el Programa de Derechos Humanos, a través de sus funcionarios, está mandatado a actuar”.
