Parecía simplemente una oportunidad para realizarse un chequeo médico gratuito para Pascuala Santibáñez, una mujer de 76 años de Pudahuel, que acudió a uno de los denominados “operativos comunitarios” que se desarrollaban cerca de su domicilio. Pero lo que ahí descubrió, daría cuenta de una millonaria situación que involucraba a Fonasa.
Días después de los chequeos, Pascuala recibió los resultados. Y algo inmediatamente llamó su atención: le habían realizado 25 exámenes.
Entre ellos aparecían prestaciones que asegura nunca haber solicitado y, particularmente, tres exámenes vinculados a fertilidad.
El insólito caso forma parte de los antecedentes que llevaron a Fonasa a poner bajo la lupa a cinco prestadores y denunciar un eventual fraude de subvenciones que podría alcanzar casi los $8 mil millones.
Los exámenes de fertilidad que encendieron las sospechas
Pascuala acostumbraba realizarse periódicamente chequeos médicos de rutina. Por eso, cuando apareció la posibilidad de participar en un operativo gratuito durante el verano, decidió acudir.
Hasta ese momento nada parecía fuera de lo habitual. El problema apareció cuando recibió sus resultados: eran 25 exámenes diferentes, varios de los cuales, según su testimonio, nunca había solicitado.
Tres estaban relacionados con su fertilidad, pese a que Pascuala tiene 76 años.
Lo que inicialmente podía parecer una situación anecdótica adquirió otra dimensión al conocerse los resultados de las fiscalizaciones realizadas por Fonasa.
El organismo terminó denunciando a cinco laboratorios, que habrían utilizado mecanismos similares mediante operativos presentados como gratuitos para captar masivamente pacientes.
¿Cómo habría funcionado el fraude a Fonasa?
Según explicó Juan Fuentes, jefe de la División Jurídica de Fonasa, el mecanismo investigado comenzaría precisamente en esos operativos comunitarios.
“Aprovechan esa instancia para rescatar sus datos, particularmente su huella digital y posteriormente con eso emitir bonos en modalidad de libre elección”, explicó.
De acuerdo con Fuentes, las actividades eran presentadas a las personas como una ayuda social, pero detrás de ellas presuntamente se utilizaban sus antecedentes para emitir bonos sin informarles.
Los cinco laboratorios denunciados habrían seguido una dinámica similar: captar una gran cantidad de personas y generar numerosas prestaciones, muchas de ellas sin que existiera previamente una evaluación médica que justificara su realización.
Hasta $300 mil en exámenes por cada paciente
El director de Fonasa, César Oyarzo, explicó que otra de las particularidades detectadas era la gran cantidad de prestaciones asignadas a los pacientes.
“Independiente de la edad, el sexo, se les entregaba 25 exámenes, órdenes, que más o menos costaban entre 250 mil y 300 mil pesos por persona”, detalló.
Eso ayuda a explicar situaciones como la experimentada por Pascuala: el paquete de prestaciones podía incluir exámenes sin aparente relación con las características particulares de cada paciente.
La anomalía que alertó a Fonasa
El organismo detectó que los exámenes diagnósticos estaban aumentando al doble de velocidad que las consultas médicas.
El comportamiento resultaba contraintuitivo: normalmente las prestaciones diagnósticas guardan relación entre consultas y evaluaciones médicas que permitan justificarlas.
La diferencia en lo expuesto llevó a indagar y analizar la forma en que estaban siendo emitidos los bonos: Los resultados revelaron cifras significativas.
En total, la investigación abarca más de 330 mil bonos. Según la fiscalización de Fonasa, el 85% de las personas consultadas no conocía el laboratorio asociado a la prestación, mientras que más del 64% no sabía que Fonasa pagaría el bono.
Además, un 42% aseguró no haber autorizado expresamente su emisión.
Fonasa se querelló por fraude de subvenciones
Ante los antecedentes recopilados, Fonasa presentó una querella por el delito de fraude de subvenciones.
El abogado de la Universidad Central Neftalí Garabantes advirtió que incluso podrían existir personas involucradas secundariamente que desconocieran la eventual irregularidad, por lo que será necesario determinar quién creó el sistema, cuál fue el perjuicio fiscal y qué prestaciones fueron pagadas de manera improcedente.
