Este martes el ministro (s) de Economía, Raúl Súnico, se reunió con la representante en Chile de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, Eve Crowley, para analizar el avance y la agenda de trabajo que lleva adelante Este organismo internacional, en lo relativo a la evaluación de la Ley de Pesca.

Este análisis, que incluye una consulta a grupos de interés relacionados a la pesca, forma parte del compromiso establecido en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y tendrá una duración de ocho meses.

El ministro (s) Súnico afirmó que “le pedimos a la FAO, que es el organismo técnico especializado a nivel mundial en materia de alimentación y en particular en materias pesqueras, el cual tiene plena autonomía y neutralidad para abordar este proceso de evaluación de la ley y que tiene la experiencia de haber trabajado en un conjunto de legislaciones pesqueras en el mundo y que cuentan con los especialistas de fijación de políticas pesqueras, que hicieran una revisión exhaustiva de la legislación chilena, para ver si ésta se atiene a las mejores prácticas y directrices que a nivel internacional se han fijado en materia pesquera”.

Súnico puntualizó que “este trabajo comenzó alrededor de octubre y hoy hemos estado revisando los avances que hay en esta materia, pero básicamente esta evaluación es técnica, seria y con el objetivo de que nuestra legislación recoja las mejores prácticas en materia pesquera”.

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¿En qué consistirá la consulta y cuándo se llevará a cabo?

Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, indicó que “se estará construyendo, a finales de este mes, un instrumento de participación, a través de un cuestionario, el cual será aplicado a grupos de intereses dentro del sector pesquero. Estos grupos incluyen a los pescadores artesanales, industriales, pero también la sociedad científicas, ONG’s y otros, así uno tiene una mirada del sistema, que muchas veces no son consultados”.

Este proceso participativo se llevarán cabo durante los meses de abril y mayo próximo en cuatro macro regiones del país: en la zona norte (Iquique), zona centro (Coquimbo), centro-sur (Concepción) y sur austral (Puerto Montt), finalizando en Santiago y Valparaíso.

El proceso, que cumplirá con los estándares FAO en materia de participación, tiene como objetivo recabar información relativa a aspectos esenciales, inquietudes y temáticas de cada sector como complemento a la revisión de la ley y las  recomendaciones finales que serán entregadas al Gobierno de Chile por FAO.

Para finalizar, Raúl Súnico explicó que “la instalación de la mesa de trabajo con los parlamentarios es una oportunidad para abrir un debate más amplio en materia pesquera. Nosotros tenemos una posición respecto del proyecto de ley, lo consideramos inconstitucional, y esperamos que la comisión de Constitución, Legislación y Justicia así lo ratifique”.

Expertos en legislación y economía pesquera

El equipo de profesionales cargo de la revisión de la ley de pesca estará liderado por Cristina Leria, consultora internacional en legislación y abogada especialista en derecho internacional con amplia experiencia en materia de pesca y acuicultura.

Como consultores nacionales participará Rocío Parra, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Diplomada en Derecho Ambiental y Jorge Dresdner, Ph.D. en Economía de la Universidad de Uppsala (Suecia), quien se desempeña como profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción de Chile.

El equipo de consultores contará con el apoyo técnico de la Oficina Jurídica de FAO en Roma, así como del Departamento de Pesca y Acuicultura de la misma sede. En Chile, las actividades serán supervisadas por el Oficial Principal de Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, junto con la representación de la FAO en Chile.

La legislación pesquera nacional será contrastada, en esta revisión técnica, con los acuerdos internacionales de la Convemar, de Nueva York -sobre especies altamente migratorias-, para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros en alta mar y el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A su vez, será parte de la comparación las directrices internacionales aceptadas por el Estado Chileno, tales como el código de conducta sobre la pesca responsable y las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.

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