La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ha sostenido una serie de reuniones con el Ministerio de Hacienda, esto con la finalidad de discutir la reforma tributaria.

En ese contexto, el gremio empresarial sostiene que "las empresas han contribuido en el último tiempo con importantes recursos adicionales, tanto a las arcas fiscales, como en beneficio del bienestar de las personas, a través de mayores impuestos y de gastos de otra naturaleza".

En ese mismo sentido, ejemplifican que "el acuerdo para la Ley de 40 horas, la necesidad de una reforma a las pensiones con cargo al empleador, el salario mínimo de $500.000, el nuevo royalty minero, entre otros, hacen que solo en este Gobierno los costos del sector privado aumentarán entre 3,7% y 4,1% del PIB, carga que aún no ha sido totalmente internalizada en la actividad productiva".

"Las consecutivas alzas de impuestos en la última década han profundizado (...) la ralentización del crecimiento económico (...) el aumento de la carga tributaria de los contribuyentes formales (...) el alza de los ingresos fiscales", añaden.

En ese sentido, la CPC sugirieron un "Acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público", el cual -aseguran- "debe priorizar una robusta agenda procrecimiento de corto y de largo plazo que promueva la inversión -y el ahorro que la financia-, con un Estado que modernice y haga más eficiente el empleo público, los programas y las compras públicas".

"También debe considerar un sistema tributario moderno que resguarde los derechos de los contribuyentes, que avance hacia la equidad horizontal entre las distintas fuentes de renta (capital y trabajo), que promueva la convergencia gradual de las tasas entre inversionistas nacionales y extranjeros, y que combata decididamente la evasión y la informalidad que erosionan la recaudación tributaria", añaden.

"Las empresas y los gremios empresariales tenemos la mayor voluntad de colaborar en el diseño de buenas políticas públicas que generen progreso a las personas y desarrollo al país. Es parte esencial de nuestro rol abrir espacios de diálogo con la autoridad y los demás actores de la sociedad, aportando técnicamente a la discusión, con mirada de largo plazo y foco en el bien común", señalan

Sin embargo, apuntan que "también es nuestra responsabilidad levantar las alertas respecto de algunas propuestas presentadas por el Ministerio, que no compartimos y que creemos que no favorecen el progreso del país, entre ellas, la calificación de la elusión en sede administrativa, la figura del denunciante anónimo y la modificación a las reorganizaciones empresariales. Por otra parte, en materia tributaria, seguiremos atentos a las medidas que presente el Ejecutivo, para aportar oportunamente con nuestros argumentos".

Revisa las propuestas de la CPC a continuación:

Reimpulso económico:

  • Acelerar la entrega de viviendas que aún faltan del Plan de Emergencia Habitacional.
  • Acelerar y profundizar el uso del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes).
  • Impulsar la inversión en infraestructura.
  • Agilizar convenios complementarios de concesiones.
  • Potenciar el sistema de concesiones en materia de desalación.
  • Modernizar marcos contractuales de contratación de obras públicas.
  • Modernizar el reglamento que regula el procedimiento frente a hallazgos arqueológicos (Consejo de Monumentos Nacionales).
  • Actualizar presupuestos oficiales para nuevas licitaciones de obras públicas del MOP.
  • Agilizar procesos de facturación y pago a contratistas de obras públicas de distintos servicios.
  • Permitir -por 24 meses- aumentar el número de viviendas acogidas al beneficio del DFL Nº2.
  • Acelerar la apertura completa del servicio de pagos centralizados del Estado a través de su
  • Plataforma de Pagos Automatizados.
  • Aumentar el límite de contratación de trabajadores extranjeros en las empresas.
  • Aumentar el plazo otorgado a los arriendos de inmuebles fiscales.
  • Permitir la aplicación del régimen de depreciación instantánea.
  • Avanzar en los sistemas de cuidado, implementando sala cuna universal, ampliando jornadas de jardines infantiles y flexibilizando el trabajo híbrido.
  • Reducir la informalidad laboral, con los beneficios que ello implica para los trabajadores.
  • Tomar medidas para terminar con el comercio ilícito, incluyendo el digital.
  • Promover la formalización empresarial, en particular de los pequeños y microempresarios.
  • Acelerar la cadena de pago del Estado en compras públicas. Extender el confirming a otras instituciones financieras.
  • Perfeccionar la Ley que Sistematiza los Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, en la línea de cumplir con la promesa de proteger al orden público económico y no afectarlo
  • Establecer el crédito de impuesto para la reinversión, ya sea con tasas diferenciadas o descuentos de impuestos por fondos reinvertidos.
  • Aumentar el nivel de extracción de los pequeños mineros.
  • Generar una diferenciación práctica entre los proyectos nuevos y antiguos en la Mediana Minería para evitar el alto costo de modificar proyectos existentes.
  • Aumentar el volumen de tratamiento de los proyectos mineros por un período acotado, a través de la presentación de avisos o pertinencias ambientales.
  • Asegurar la disponibilidad de agua para potenciar el desarrollo del sector minero, dando celeridad a los proyectos que buscan extraer agua del mar.
  • Elaborar y publicar el reglamento relativo a los artículos 14 y 15 de la Ley Marco de Cambio Climático, relativos a normas de emisión y mercado de permisos de emisión transables. en lugar de aplicar alzas tributarias o nuevos impuestos –que contribuirían a ahondar el problema-, la CPC y sus ramas proponemos avanzar en un “Acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público”.

Crecimiento de mediano y largo plazo:

  • Modernizar y abreviar la tramitación de proyectos de inversión, con un mejor sistema de permisos sectoriales y ambientales.
  • Otorgar más certeza al inversionista.
  • Cambiar el paradigma de permisos a las declaraciones juradas.
  • Converger, en el mediano plazo y con un itinerario claro, a una tasa total de tributación para los inversionistas nacionales a rangos similares a los que tiene el inversionista extranjero en Chile.
  • Considerar regímenes de invariabilidad tributaria para todo tipo de proyectos pagando un premio adicional.
  • Facilitar la inversión privada en industrias con potencial exportador y de alto crecimiento como la de hidrógeno verde.
  • Aprovechar ahora el enorme potencial de la industria del litio, a través de la extensión de los contratos actuales o la explotación privada de otros salares, sin poner al Estado como controlador de las operaciones del mineral.
  • Orientar la franquicia tributaria a la capacitación y reconversión del capital humano, con especial atención en competencias digitales y otros desafíos que enfrenta el mercado del trabajo.
  • Mejorar la Ley I+D incorporando al beneficio la adquisición de Emprendimientos de Base Tecnológica startups.
  • Avanzar hacia la identidad digital (e-residency).
  • Perfeccionar la ley de silencio administrativo.
  • Modernizar la ley de ciberseguridad.
  • Modificar el Estatuto Administrativo y mejorar el sistema de evaluación en el sector público.
  • Racionalizar programas públicos mal evaluados, con objetivos duplicados y de bajo presupuesto.
  • Modernizar el sistema de compras públicas.

Recursos adicionales para el Estado:

  • Crear un fondo soberano o endowment, cuyos aportes provengan de la liquidación de activos del Estado, el pago anticipado por arriendo para concesiones del litio y el adelanto del pago del valor residual de las obras de infraestructuras, entre otros.

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