Como uno de los tantos documentos que intercambiaron entre 2012 y 2015 sobre la validez de que algunos funcionarios impusieran en el sistema previsional de Carabineros, el 15 de noviembre de 2013, el entonces director de Gendarmería, Marcos Fuentes, envió un oficio dirigido al director de la Dirección de Pensiones de Carabineros (Dipreca)

Así lo consignó El Mercurio este miércoles, donde además señaló que en ese documento en particular, Fuentes pidió a Dipreca "reincorporar a seis funcionarios individualizados al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros", ya que cumplirían con "todos los supuestos fijados tanto por la normativa legal y reglamentaria".

Entre los funcionarios en cuestión estaba Miryam Olate Berríos, ex directora técnica del organismo y quien se jubiló en 2015, con una pensión cercana a los $5,2 millones. 

El oficio fue enviado porque en 2012, Dipreca -luego de un dictamen de la Contraloría- desvinculó a once funcionarios, dado que no correspondía que impusieran en ese sistema previsional. 

Según Dipreca, y sobre Olate, su desvinculación se debió a que desde octubre de 2010 ella ya no tenía un cargo de planta y solo estaba a contrata, no cumpliendo con los requisitos legales. 

A pesar de esto, y según Fuentes un nuevo dictamen de la Contraloría de octubre de 2013 indicaba que desafiliarlos "implicaría desconocer todo el tiempo que esos funcionarios permanecieron de buena fe con justa causa de erros como imponentes del referido sistema (...) procede que los recurrentes se mantengan en el sistema". 

El entonces director, también señaló que todos esos funcionarios, al momento de entrar en ese sistema, se desempeñaban en un cargo de planta y destinados a una unidad penal o que cumplían con los requisitos de la ley. Este es el caso de Olate, quien en 2006 tomó el cargo de subdirectora técnica. 

Este mismo argumento fue el que señaló Olate en una carta a la comisión Investigadora del tema en la Cámara.

La Contraloría ha hecho hincapié en que Olate no debería haber estado en ese régimen. Así lo planteó en el informe final de la investigación a Dipreca en diciembre de 2012 y lo ratificó en el informe de seguimiento de octubre 2014. 

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