El pasado 19 de enero, la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente solicitó la audiencia de reformalización del alcalde de Buin, Miguel Araya, militante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
El objetivo, según informó La Tercera, sería “la necesidad de agregar hechos a los ya comunicados”.
Esta nueva audiencia quedó programada para el próximo miércoles 6 de marzo a las 9 de la mañana en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Todo partió por una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que acusaba la existencia de “funcionarios fantasmas” en la Municipalidad de Buin.
En un inicio, la denuncia apuntó contra Sebastián Salas, un extrabajador a honorarios del municipio, quien además se desempeñaba en otra empresa, y hacia su hermana, Amanda, también funcionaria de la municipalidad.
Sin embargo, el Ministerio Público extendió la querella contra el alcalde Araya, quien ya había sido sancionado por la Contraloría, por haber visado los decretos de pago a Salas.
En concreto, los hermanos Salas serán formalizados por fraude al fisco, al igual que el alcalde, pero al edil también le sumaron los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que habrían ocurrido entre el año 2017 al 2019.