Diferencias públicas ha habido al interior del gobierno por el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de AFP, que esta vez también incluyó a quienes recibían su pensión por medio de renta vitalicia. Esta vez fue el Ministerio de Relaciones Exteriores el que rebatió al ministro de Economía, Lucas Palacios, quien había dicho que este retiro era una “expropiación” a las aseguradoras.
El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, descartó esta calificación de Palacios, en conversación con EmolTV. "Nosotros creemos que no se está expropiando", dijo el representante de Cancillería.
"Desde el punto de vista nuestro hay que distinguir los planos, uno es lo bueno o mala que pueda ser una decisión de política pública de un gobierno, y en otro ámbito muy distinto es si esa decisión de política pública viola o no una garantía en un acuerdo internacional", añadió el subsecretario, haciendo referencia a los dichos del gremio de aseguradoras de Estados Unidos.
Desde el gremio asegurador de EE.UU., Brad Smith, de Chief International Officer del American Council Of Life Insurers (ACLI), calificó el retiro anticipado de parte de la renta vitalicia como una “expropiación ilegal del gobierno”, lo que fue respaldado por Palacios.
“La violación de los derechos legales y los daños a los activos y al patrimonio causado por este esquema en rentas vitalicias han puesto a las aseguradoras en la lamentable posición de tener que investigar todas las opciones legales disponibles para asegurar la protección de sus derechos legales ante la expropiación ilegal del gobierno”, dijo Smith.
En conversación con Radio Duna el martes, Palacios dijo que “es evidente que esto se trata de una expropiación, porque esto es un seguro, no es una pensión”, lo que de inmediato provocó molestias en el gobierno.
Más tarde, el secretario de Estado envió una carta a La Tercera para corregir su comentario sobre el retiro anticipado de parte de las rentas vitalicias.
“Quiero manifestar que mi objetivo fue hacer mención a los antecedentes presentados por parte del Ejecutivo y algunos parlamentarios durante la tramitación de dicha reforma, respecto a que la misma podría ser inconstitucional. No he pretendido señalar que le pudiese caber alguna responsabilidad al Estado al respecto, y reafirmo que, como gobierno, siempre defenderemos en las instancias que correspondan el patrimonio fiscal”, explicó.