La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó tras una extensa discusión el proyecto de reforma constitucional que establece la elección directa de intendentes, quienes pasarían a llamarse gobernadores regionales.
Durante la discusión de la iniciativa, el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, destacó que el umbral del 40% de los votos para elegir a las autoridades, si bien no corresponde a la idea original, "constituye una masa de votos suficientemente importante para darle toda la legitimidad ciudadana".
La instancia aprobó cinco cambios al proyecto este miércoles:
1. El representante del Presidente de la República ya no se llamará "delegado presidencial regional" sino que "secretario regional". Igualmente en el caso de la provincia pasa a denominarse "secretario provincial". Estos personeros tendrán por función la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un ministerio.
2. Los secretarios regionales y provinciales no tendrán fuero, a diferencia de los gobernadores regionales. Estos últimos, además, podrán ser acusados constitucionalmente, durante el ejercicio de sus funciones y hasta seis meses después de la expiración en sus cargos.
3. Se elimina la obligación establecida en el Senado sobre la transferencia de competencias de los ministerios o servicios públicos a los gobiernos regionales, manteniendo la actual norma constitucional que señala que el Presidente de la República "puede transferir" dichas competencias en carácter temporal o definitivo.
4. Se establece que el ejercio de las facultades de fiscalización, especialmente frente al gobernador regional, recaerá en el Consejo Regional y no en cada uno de los Cores.
5. Se aprobó la propuesta del Ejecutivo para permitir la tramitación en paralelo de la ley sobre transferencia de competencias y la Ley orgánica constitucional que regule la presente reforma. Con ello, se podría concretar la elección de estas nuevas figuras en 2017.
La iniciativa, remitida desde el Senado, pasa ahora a la comisión de Gobierno Interior para continuar su trámite hacia el debate en Sala.