El Senado despachó a ley este martes el proyecto que busca destrabar y acelerar las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. Tras respaldar de forma mayoritaria el informe elaborado por la comisión mixta, el Senado dejó la iniciativa en condiciones de ser promulgada como ley de la República.
El texto, que introduce modificaciones directas a la Ley de Migración y Extranjería, se aprobó en el pleno de la Cámara Alta con 37 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención, emitida por la senadora Claudia Pascual (PC).
Entre las modificaciones a la norma, la futura ley eleva el piso de la prohibición de ingreso al territorio nacional en determinados supuestos, pasando de los tres años a un mínimo de cinco años.
Para resolver los problemas operativos en la notificación y cumplimiento de las medidas, la iniciativa regula un procedimiento con estricto control judicial que faculta a las policías a solicitar autorización de un tribunal para ingresar a domicilios con el objetivo de detener a quienes mantengan una orden de expulsión firme y vigente.
Asimismo, la normativa crea mecanismos para acelerar la salida inmediata del país de personas en situaciones irregulares que se encuentren enfrentando procesos penales por distintos delitos, medida que requerirá en todos los casos la autorización del tribunal competente.
Reacciones en el Congreso: el llamado a la colaboración del Poder Judicial
Tras el despacho de la reforma, el senador Andrés Longton (RN) valoró el resultado de la votación, argumentando que el país mantiene un nudo crítico en la materia debido a las trabas legales que enfrentaban las autoridad.es
"El país enfrenta una dificultad importante para expulsar a quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras porque el ingreso irregular no constituye un delito y el proyecto que busca corregir dicha situación no ha avanzado con la rapidez que quisiéramos", sostuvo el legislador.
Sumado a esto, indicó que "la reforma aprobada hoy representa un gran avance, porque agiliza las expulsiones administrativas, facilita el ingreso a domicilios en los casos que establece la ley, acorta los plazos para impugnar las expulsiones y permite acelerar la salida de personas que enfrentan procesos judiciales por delitos menores".
Para concluir, el parlamentario enfatizó que la efectividad del nuevo marco dependerá también del criterio con que actúen los tribunales al tramitar las acciones de resguardo presentadas por las defensas.
"Hoy día tenemos esta reforma aprobada, pero debe ir acompañada de la colaboración de los tribunales de justicia. Cuando los recursos de amparo terminan frenando las expulsiones (más de 3.700 en los últimos años), el trabajo del Congreso y del Gobierno se vuelve insuficiente. Por eso, el llamado también es al Poder Judicial a colaborar para que quienes han vulnerado nuestras fronteras y permanecen irregularmente en el país puedan salir de Chile".
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Cámara aprueba proyecto para agilizar la expulsión de extranjeros irregulares y la iniciativa avanza al Senado
Bajada La propuesta recibió un amplio respaldo de 128 votos a favor. Entre sus medidas, faculta a la PDI para solicitar el ingreso a domicilios, fija el registro biométrico obligatorio y acorta los plazos de reclamo para frenar las deportaciones.
Cuerpo de la nota
Con un amplio respaldo de 128 votos a favor y solo 11 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que introduce diversos cambios normativos para acelerar y hacer más efectivas las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular.
La iniciativa apunta a resolver los nudos críticos que hoy dificultan ubicar y concretar la salida del país de quienes mantienen órdenes de expulsión vigentes. Para ello, el texto autoriza a la Policía de Investigaciones (PDI) a requerir una orden judicial que les permita entrar a un domicilio cuando existan antecedentes de que la persona buscada se encuentra en el inmueble.
En materia de control e identificación, la propuesta establece la obligatoriedad del registro biométrico para todos los infractores mayores de edad. Asimismo, moderniza la tramitación del Servicio Nacional de Migraciones al sumar notificaciones por vías electrónicas y tácitas, junto con dar la atribución de retener los documentos de viaje de los involucrados.
El proyecto modifica además los tiempos legales de respuesta. El plazo para ingresar un recurso de reclamación se reduce de diez a cinco días, y se fija expresamente que la sola presentación de este trámite no congelará ni suspenderá de forma automática la ejecución de la medida de expulsión.
Por último, el articulado amplía el abanico de causales por las cuales la autoridad puede decretar una deportación administrativa y endurece las sanciones de retorno: el período mínimo de prohibición de reingreso a territorio chileno pasa de los tres años fijados por la norma actual a un piso de cinco años.
Observaciones de edición
Garantía de fidelidad: Se mantuvieron todos los datos cuantitativos y técnicos (128 a favor, 11 en contra, reducción de plazo de 10 a 5 días, extensión de prohibición de 3 a 5 años, facultades a la PDI y registro biométrico) reordenando la narrativa para eliminar la estructura exacta de la fuente original.
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En materia de control e identificación, la propuesta establece la obligatoriedad del registro biométrico para todos los infractores mayores de edad. Asimismo, moderniza la tramitación del Servicio Nacional de Migraciones al sumar notificaciones por vías electrónicas y tácitas, junto con dar la atribución de retener los documentos de viaje de los involucrados.
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En materia de control e identificación, la propuesta establece la obligatoriedad del registro biométrico para todos los infractores mayores de edad. Asimismo, moderniza la tramitación del Servicio Nacional de Migraciones al sumar notificaciones por vías electrónicas y tácitas, junto con dar la atribución de retener los documentos de viaje de los involucrados.
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Por último, el articulado amplía el abanico de causales por las cuales la autoridad puede decretar una deportación administrativa y endurece las sanciones de retorno: el período mínimo de prohibición de reingreso a territorio chileno pasa de los tres años fijados por la norma actual a un piso de cinco años.
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