La encuesta Criteria de agosto de 2026 evidenció un deterioro en la percepción ciudadana sobre el plan de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, al mismo tiempo que algunas de sus principales propuestas generan opiniones divididas entre los consultados.
El estudio, realizado entre el 27 y 28 de agosto mediante un panel online, consultó por distintas medidas vinculadas a seguridad, incluyendo la creación de un nuevo estado de excepción constitucional y eventuales modificaciones a la Constitución.
Crece percepción de improvisación
Uno de los principales resultados del sondeo apunta a una evaluación más crítica respecto de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.
El 42% de los encuestados considera que el Gobierno “no tiene un plan claro y está improvisando”, tres puntos porcentuales más que en la medición anterior.
A su vez, un 30% (-3) estima que tiene algunas ideas, pero no un plan definido, mientras que apenas un 19% (-3) cree que el Ejecutivo cuenta con un plan claro.
La percepción también presenta diferencias importantes según la identificación política de los consultados. Entre quienes se identifican con la derecha, un 40% considera que existe un plan claro. En el segmento identificado con la izquierda, en cambio, un 87% estima que el Gobierno está improvisando.
Nuevo estado de excepción enfrenta mayor rechazo
Otra de las materias abordadas fue la propuesta de establecer un nuevo estado de excepción constitucional, con una duración de hasta 240 días y medidas extraordinarias ante amenazas graves para la seguridad.
La iniciativa no alcanza una mayoría de respaldo en la medición. Un 49% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la propuesta, mientras que un 40% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo.
La posición cambia considerablemente según la identificación política. Entre las personas que se identifican con la derecha, el respaldo llega al 72%, convirtiéndose en el único grupo donde el apoyo es mayoritario.
Distinto es el escenario frente a la posibilidad de modificar la Constitución para fortalecer las herramientas destinadas a enfrentar problemas de seguridad.
En este caso, un 53% está de acuerdo con realizar cambios constitucionales para reforzar las medidas de seguridad, frente a un 36% que se manifiesta en desacuerdo. El apoyo alcanza su nivel más alto entre quienes se identifican con la derecha, con un 79%, y llega al 56% en el centro. Entre quienes se identifican con la izquierda predomina la posición contraria: un 66% rechaza este tipo de modificaciones.
El sondeo también planteó un dilema relacionado con personas condenadas por crimen organizado o terrorismo. Frente a esta pregunta, el 74% considera que existen delitos de tal gravedad que la prioridad debe estar en la sanción y no en la reinserción social. En contraste, un 26% sostiene que todas las personas condenadas tienen derecho a la reinserción.
La discusión también cambia cuando se incorpora el acceso a prestaciones de salud. Un 51% de los consultados considera necesario garantizar la atención de salud para proteger al conjunto de la sociedad, mientras que un 49% estima que la gravedad del delito puede justificar la eliminación de esos beneficios.
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