El militante de Revolución Democrática (RD) y representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, solicitó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que se le incluya en la investigación que inició la Fiscalía Regional de Antofagasta, en calidad de imputado. 

Quien es además expareja de la diputada RD Catalina Pérez puso a disposición de la investigación los polémicos contratos que suscribió la fundación que él representa con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que era dirigida en su momento por Carlos Contreras, también militante RD y exjefe de gabinete de la diputada Pérez. 

ReportajesT13: Antecedentes clave en "escándalo Democracia Viva"

“Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona, debido a que, en mi calidad de representante legal y presidente de la fundación sin fines de lucro denominada ‘Democracia Viva’ (...) por este acto solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales”, dice el escrito de Andrade. 

Junto con esto, Andrade puso a disposición los tres convenios firmados entre ambas partes, además de sus antecedentes personales y sus dispositivos electrónicos que puedan ayudar a la investigación. 

“Tener presente que por este acto autorizo, desde luego, y ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones”, expresa Andrade en su escrito. 

El bullado caso costó la salida de la ahora exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien estuvo en conocimiento de los polémicos convenios sin informar a la cartera respectiva, y tiene muy cuestionada a la diputada RD Catalina Pérez, quien incluso congeló su participación como vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados y como militante de RD.

 

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