El Gobierno de Sebastián Piñera defendió, este martes, el proyecto de ley que ingresó al Congreso hace una semana y que propone una Pensión Garantizada Universal (PGU) de 185 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años y que pertenezcan al 90 por ciento de la población más vulnerable.
Un grupo de economistas de oposición cuestionó el proyecto que tiene urgencia en el Congreso y que debería ser votada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados a más tardar el 3 de enero.
A través de una carta al diario El Mercurio, los exministros José De Gregorio y Rodrigo Valdés, junto a los académicos y asesores del Presidente electo, Gabriel Boric, Andrea Repetto y Eduardo Engel, recomendaron aplazar la discusión del proyecto y pusieron en duda que la norma esté completamente financiada.
“Nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas de pensiones”, dice la carta.
Los economistas advirtieron que no es claro que la PGU se financiará de manera sostenible y dijeron que puede que “el Gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías”.
Qué dice el proyecto
Según un documento difundido este martes por el gobierno, la norma ingresada por el Ministerio de Hacienda el pasado 21 de noviembre plantea que el gasto del proyecto corresponde al 0,9 por ciento del PIB y las medidas para su financiamiento son un 0,5% del Programa Financiero que está contemplado en la Ley de Presupuestos 2022 y la reducción del aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones, lo que equivaldría al 0,1% del PIB.
El resto debería ser financiado por exenciones tributarias, que están consideradas en el proyecto de Ley Corta de Pensiones, con lo que se cubriría el restante 0,35 por ciento del PIB.
“Los anteriores efectos, más el envejecimiento esperado para la población en las próximas décadas, eleva el costo fiscal a un máximo de 0,95% del PIB entre 2028-2034, alcanzando promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040”, explica la norma.
El mismo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respondió a los cuestionamientos de la oposición y aseguró que están dispuestos a negociar en el Parlamento.
"Tenemos un proyecto de exenciones que nos da otra parte de financiamiento. Además hemos tenido un muy buen crecimiento económico este año, lo que nos permite tener mayor ingreso fiscal en los próximos años", afirmó Cerda.
A través de redes sociales, el diputado del Frente Amplio y miembro del equipo del Presidente electo, Giorgio Jackson, aseguró que el proyecto es “fiscalmente muy irresponsable y puede dejar un forado financiero al próximo gobierno”.