El Senado deberá janzar el futuro de la jueza Silvana Donoso, quien en 2016 presidió la comisión de la Corte de Apelaciones que le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo y quien se encuentra en prisión preventiva tras haber sido formalizado por femicidio y abuso sexual .
Esto luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones el libelo que acusa un notable abandono de deberes de la magistrada al conceder el beneficio al denominado “asesino del tambor” -quien había sido condenado por doble homicidio en 2005- y que pudo acceder a la libertad condicional tras cumplir sólo 11 de los 27 años de condena por los que había sido sentenciado, y a pesar de un informe negativo por parte de Gendarmería de Chile.
De esta forma una comisión deberá informar al Senado, que actuará como juez. Y, en caso de aprobar el libelo, Donoso podría ser removida de su cargo (para ver detalles del proceso que viene, avanza en la lectura de la nota)
La mención a Jack el destripador y "ya no está es un reality": el duro debate que marcó la votación
El diputado RN Andrés Longton fue el encargado de abrir los fuegos, presentando los antecedentes que sustentan el libelo contra Donoso.
El parlamentario acusó un "mal entendido garantismo" por parte de Donoso. Y utilizó como ejemplo a célebres asesinos, tanto de la realidad como la ficción, para explicar su postura.
"Si la ministra Donoso y la comision hubieran tenido como postulantes a la libertad condicional -voy a nombrar asesinos célebres- a Jack el destripador, a Charles Manson, o bien -les voy a citar un personaje de la ciencia ficción: Hannibal Lecter los habría liberado por el solo hecho de cumplir parte de la pena y haber tenido buena conducta el semestre anterior, haciendo vista gorda de su peligrosidad. Esto es claramente escalofriante", aseguró Longton (en la foto).
El abogado Jaime Winter fue el encargado de presentar la defensa de la jueza. Junto con destacar la dilatada trayectoria de Donoso y remarcó que "acá no estamos para juzgar el caso de Ámbar, sino que para decir si la comision incurrió o no a un notable abandono de deberes al aplicar la ley de 2016".
En este sentido, remarcó que en el caso de Bustamante "los requisitos estaban cumplidos" y que el informe de gendarmería "no era vinculante y no lo es al día de hoy". Otro escenario, apuntó, sería que el Congreso modificara los requisitos para acceder al beneficio.
"Un juez debe aplicar la ley, no sus convicciones políticas. Debe aplicar su convencimiento de qué es lo que dice la ley", agregó.
En otra de sus líneas argumentativas, Winter destacó la importancia de que el sistema promueva la rehabilitación e reinserción de los reos. Y citó cifras que dan cuenta que mientras que en las personas que cumplen su condena completa, sin acceder a beneficios, existe un "40% de probabilidad de reincidencia, mientras que en las personas que acceden a libertad condicional es de alrededor del 14%".
Tras la intervención del abogado, se inició la ronda de réplicas. Longton insistió con cuestionar la decisión de la jueza de apegarse a los requisitos formales: "¿basta eso para liberar a psicópatas desalmados como Hubo Bustamante?"
Y además criticó el escaso margen de tiempo en que la comisión de la Corte de Apelaciones concedió cerca de 800 libertades condicionales durante el primer trimestre de 2016, entre ellas la de Donoso.
"Se dedicó 1 minuto 40 por cada expediente. Eso no puede ser tolerable", manifestó.
En respuesta a Longton Winter insistió que los informes no eran vinculantes y en 2016 tampoco era requisito considerarlos. Esto, dijo, solo se cambió con la reforma de 2019.
Luego, fue el turno de las bancadas, donde la oposición mayoritariamente se mostró en contra de dar curso a la acusación, apuntando que, detrás del caso de Ámbar habrian factores estructurales no endosables a la jueza Donoso.
El independiente (bancada PPD) Raúl Soto apuntó a que la acusación constitucional es un mecanismo sobre responsabilidades personales "y en este caso se trató de una decisión colectiva" de la comisión de libertades condicionales.
"Sin duda fue una decisión donde faltó el criterio, pero hubo otros factores que incidieron. Y la jueza hizo aplicación de la ley vigente en ese entonces", dijo por su parte la diputada Carmen Hertz (PC).
Y en una de las intervenciones más duras, Diego Ibáñez reprochó a Longton: "Esto ya no es un reality", en una clara alusión al pasado televisivo del legislador RN.
"Esta acusación es una gran cortina de humo. Esto no se trata del asesinato absolutamente condenable de Ámbar, sino que se trata del rating que quieren tener algunos diputados", añadió.
Ibañez y otros, como el diputado Leonardo Soto, reprocharon el rol de Chile Vamos frente al proyecto del servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia, que fue vetado por el gobierno.
Por su parte, la diputada Alejandra Sepúveda anunció su voto a favor del libelo, asegurando que la jueza "no fue criteriosa y rigurosa respecto de la decisión que tenía que tomar. Si esto no es abandono de deberes no se lo que es".
"Esto es un llamado de atención para solucionar las fallas transversales del sistema", dijo, por su parte, Carolina Marzán (PPD)
Los pasos que vienen y la sanción que arriesga Donoso
La Cámara tendrá un plazo de 24 horas para comunicar tanto la acusada como al Senado de la votación ocurrida este jueves.
Una vez que se dé cuenta de la acusación, el presidente del Senado deberá fijar el inicio del análisis del texto en un plazo de entre cuatro a seis días, y destinará sesiones especiales diarias para analizar su contenido.
Una Comisión de diputados será la encargada de formalizar la acusación. En tanto, la jueza o su defensa contarán con un espacio para presentar sus descargos, ya sea de forma verbal o escrita.
Los diputados miembros de la comisión especial tendrán derecho a réplica, y la acusada a dúplica. Una vez realizado este proceso, se fijará la votación del libelo para la siguiente sesión especial del Senado.
Tras esto, el Senado votará cada capítulo de la acusación por separado. Basta con que se apruebe uno de los capítulos para que la jueza sea sancionada.
A diferencia de la Cámara -donde bastaba la mayoría más un voto- en el Senado se requiere de dos tercios de los legisladores.
En caso que la Cámara Alta apruebe la acusación, la autoridad será destituida de su cargo y no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.
Desde 2005, cuando se modifica el procedimiento de las acusaciones constitucionales, se han presentado tres libelos contra autoridades del poder judicial.Sin embargo, ninguno ha logrado llegar a la destitución.