Diversas reacciones generó en el Congreso la realización de un "nguillatún" al interior del Hospital Base de Valdivia para Carlos Cancino Tapia, alias "El Rana", imputado por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme, mientras permanecía hospitalizado bajo custodia de Gendarmería.
El caso salió a la luz luego de que el diputado Leandro Kunstmann denunciara en redes sociales la autorización por parte de gendarmería del ingreso de cuatro personas que participaron de la ceremonia el pasado 17 de julio, durante la recuperación del imputado.
Parlamentarios apuntan a fallas en los protocolos
Las críticas provinieron desde distintos sectores políticos, donde coincidieron en que la situación debe ser investigada y que, de comprobarse incumplimientos, deben aplicarse sanciones.
El diputado José Montalva sostuvo que lo ocurrido "evidencia una falla en los protocolos internos y en la cadena de mando de Gendarmería", valorando la apertura del sumario, aunque pidió que concluya con "sanciones ejemplares" para los responsables.
Asimismo, planteó que el debate no se centra en los derechos culturales o religiosos, sino en que un imputado considerado de alta peligrosidad debe permanecer bajo estrictas medidas de seguridad y sujeto a los protocolos establecidos.
En la misma línea, el diputado Marcos Ilabaca afirmó que "no corresponde que Gendarmería haya entregado una autorización de esas características a un homicida", agregando que el organismo debe entregar explicaciones sobre lo sucedido.
Piden revisar medidas para imputados de alta peligrosidad
Desde el oficialismo también surgieron fuertes cuestionamientos.
La diputada Javiera Rodríguez calificó el episodio como "una burla inaceptable" para las familias de los carabineros fallecidos y solicitó que el sumario administrativo avance con rapidez y establezca responsabilidades.
Por su parte, la diputada Flor Contreras señaló que, si bien las personas en prisión preventiva conservan sus derechos y la presunción de inocencia, estos "no pueden convertirse en una excusa para flexibilizar los protocolos de seguridad" cuando se trata de imputados por delitos de extrema gravedad.
En tanto, la diputada Marlene Pérez manifestó que el proceso administrativo debe demostrar resultados concretos y no quedar solo en una investigación formal, mientras que el diputado Tomás Kast calificó la situación como "simplemente inaceptable", cuestionando que el Estado permitiera la realización de una ceremonia para el principal imputado por ambos homicidios.
Gendarmería investiga lo ocurrido
Tras conocerse el caso, Gendarmería confirmó la apertura de un sumario administrativo para determinar si existieron incumplimientos a los protocolos de seguridad o eventuales responsabilidades de funcionarios.
El hecho ocurrió mientras Carlos Cancino Tapia permanecía internado en el Hospital Base de Valdivia, donde habría recibido la visita de cuatro personas que realizaron la ceremonia mapuche.
