La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, este miércoles, un proyecto de resolución para que el gobierno rechace y condene las violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido durante los últimos días en Colombia, donde más de 20 personas han muerto en medio de manifestaciones sociales.

La normativa, que fue respaldada con diez votos de Chile Vamos, entre ellos el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el mismo presidente de la cámara baja, Diego Paulsen, insta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para que se refiera a estos hechos.

En concreto, el proyecto de resolución pide que el Gobierno de Chile, por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, manifieste ante la Organización de Estados Americanos(OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en cualquier otra instancia multilateral, el total “repudio, rechazo y condena del Estado de Chile a las graves violaciones a los Derechos Humanos acaecidas durante los últimos días en Colombia”.

Además de la oposición, Paulsen y Macaya, los otros parlamentarios oficialistas que respaldaron la idea fueron Pedro Álvarez Salamanca, Sandra Amar, Álvaro Carter, Nora Cuevas, Andrés Celis, Jorge Durán, Paulina Núñez y Francisco Undurraga.

Durante los últimos años, el Presidente Piñera, ha sido cercano en su gestión al Presidente de Colombia, Iván Duque, con quien incluso participó en actividades en Cúcuta para condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y apoyar a la oposición de dicho país.

Este miércoles, se cumplió una semana de las primeras manifestaciones y miles de personas volvieron a las calles de toda Colombia para protestar contra el gobierno de Duque.

Hasta ahora se han registrado 24 muertes, la mayoría por disparos, y tiene al país bajo la lupa de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.

Sus reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.

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