Un gesto bastó para que el Presidente José Antonio Kast disipara cualquier duda sobre su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien está en el centro de la polémica por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Este viernes, durante una visita al Hospital Parroquial de San Bernardo, el Mandatario fue consultado sobre si seguía apoyando al secretario de Estado. En dos ocasiones, Kast levantó el pulgar.
La señal llega en medio de la fuerte polémica que han generado en el Gobierno los beneficios concedidos a 56 agresores sexuales, una controversia que ya escaló desde el ámbito jurídico al político y que llevó a la oposición a evaluar una eventual acusación constitucional contra Rabat y a exigir su salida.
El férreo respaldo del Gobierno al ministro Rabat tras rebaja de condenas a agresores sexuales
No obstante, pese a que La Moneda ha optado por mantener a Rabat en su cargo y respaldar su actuación, también busca poner paños fríos para contener el impacto político del caso.
En esa línea, Rabat anunció este viernes la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena y una serie de medidas legislativas para modificar los criterios de acceso a estos beneficios.
Sumado a esto, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró durante esta jornada que el ministro cuenta con la confianza del Mandatario, quien “está convencido de que en este procedimiento se respetó la Constitución, la ley”.
Además, el vocero cuestionó las críticas a la gestión de Rabat y sostuvo que se han realizado “comentarios muy duros”. Además, descartó que el Ejecutivo haya buscado beneficiar deliberadamente a los condenados. “Suponer que el gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave”, afirmó.
Arenas también defendió la aplicación de estos beneficios, incluso si su concesión genera reparos. “Aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución. Estos beneficios fueron establecidos en la ley 19.856 del año 2003, durante un gobierno de la Concertación”, señaló.
En esa línea, insistió en que el ministro no tenía margen para decidir arbitrariamente si concedía o no las rebajas: Fernando Rabat “no puede sino aplicar la ley, esto no es una facultad discrecional del gobierno”, sostuvo.
El respaldo del oficialismo a Rabat
Tras el encuentro, los dirigentes del sector salieron a defender su actuación y atribuyeron la controversia a problemas en la legislación y a las interpretaciones judiciales sobre los beneficios penitenciarios.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó los llamados a presentar una acusación constitucional contra el ministro. “Nada más absurdo que acusar a alguien por cumplir la ley. Le quiero decir a esos diputados que lo que tienen que tener a la vista es que las causales, en este caso, son precisamente dejar sin ejecución la ley, infringirla, pero no precisamente el ejecutarla, el hacerlo en la ley”.
En una línea similar, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió al titular de Justicia y atribuyó responsabilidades tanto a la legislación como a su interpretación judicial. “Aquí la primera responsabilidad es de la ley, que no fue lo suficientemente clara. La segunda responsabilidad es de los tribunales de Justicia, que han interpretado la ley como una ley que no se puede aplicar hacia atrás en este caso”, sostuvo.
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