Un grupo de diputados y diputadas oficialistas, encabezados por Carmen Hertz (Partido Comunista) presentó, este miércoles, un proyecto de ley que busca sancionar con multas y penas menores de cárcel a quienes incurran en negacionismo sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
La norma es respaldada por parlamentarios del PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista (PS) y es similar a propuestas que se han presentado en el pasado para tipificar como delito este mismo comportamiento, pero que no ha tenido respaldo en el Congreso.
La diputada Hertz recalcó la importancia que tiene sancionar el negacionismo, como lo han hecho “todas las naciones que han vivido opresión”, y ejemplificó con Alemania, España, Grecia, Israel, República Checa y Uruguay.
La presentación se hace a 50 años del golpe de Estado y un día después que se conociera una encuesta del Barómetro de la Política CERC MORI 1987-2023, que mostró que el 36 por ciento de los consultados justificó el golpe de Estado de 1973, subiendo diez puntos porcentuales respecto a la misma encuesta realizada en 2013.
En qué consiste el proyecto sobre negacionismo
La propuesta busca castigar con multas y penas de hasta 61 días de presidio, aunque podría ser más si se trata de funcionario públicos, a las personas que aprueben, nieguen o justifiquen las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile entre 1973 y 1990 y que consten en los informes de las comisiones nacionales conformadas con el retorno a la democracia.
“Significa que estamos pidiendo la modificación del Código Penal para sancionar, como lo hacen todas las naciones civilizadas que han sufrido sistemas de opresión y exterminio, para sancionar la aprobación, justificación o negación de los crímenes de lesa humanidad cuya evidencia histórica consta en las cuatro comisiones nacionales mandatadas para esto y también para los episodios judiciales que han visto los tribunales de justicia y han significado condenas para los perpetradores” explicó la diputada Hertz.
“Esa aprobación, esa justificación o esa negación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura cívico militar, van a ser sancionadas si se traducen de una alteración del orden público o si se vulnera el derecho a la honra o a la dignidad que tienen las víctimas, sus familiares, y el derecho a la verdad y la memoria colectiva que tiene el conjunto de la sociedad”, añadió.