La discusión sobre la sala cuna universal mantiene un importante respaldo entre la ciudadanía. Así lo reflejó la más reciente encuesta Criteria, que, además de evaluar la gestión del presidente José Antonio Kast, consultó sobre la percepción de los chilenos respecto a esta iniciativa que busca ampliar el acceso al cuidado infantil para madres y padres trabajadores.
De acuerdo con los resultados, un 74% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que exista una ley de sala cuna universal. En contraste, solo un 8% declaró estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que un 18% indicó no tener una posición definida frente al proyecto.
Apoyo transversal entre hombres y mujeres
El estudio muestra que el respaldo a la iniciativa se mantiene prácticamente sin diferencias entre hombres y mujeres. En ambos grupos, el 74% expresó apoyo a la creación de una ley de sala cuna universal.
No obstante, aparecen algunas variaciones al analizar las respuestas en detalle. Entre las mujeres, quienes se manifestaron en desacuerdo alcanzaron un 10%, mientras que un 16% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
En el caso de los hombres, el porcentaje de rechazo alcanzó un 5% y quienes no adoptaron una postura clara representaron un 21%.
Financiamiento genera opiniones divididas:
Aunque existe consenso respecto a la necesidad de avanzar en una ley de sala cuna universal, el mecanismo para costearla genera posturas más diversas.
La alternativa con mayor respaldo fue que el costo sea asumido completamente por las empresas, opción que obtuvo un 29% de las preferencias, pese a que algunos consideran que podría incrementar los costos de contratación y afectar la generación de empleo.
Muy cerca aparece la propuesta de que el financiamiento provenga del Estado mediante recursos públicos, respaldada por un 28% de los consultados, aun cuando ello podría implicar destinar menos recursos a otros programas sociales.
Por otra parte, un 22% considera que los recursos deberían obtenerse desde el Seguro de Cesantía, fórmula que evitaría elevar los costos laborales, aunque reduciría los fondos disponibles para ese beneficio.
Además, un 21% de los encuestados afirmó no tener una opinión definida sobre cuál debería ser la fuente de financiamiento más adecuada.
