Por qué importa. El anuncio de la secretaria regional ministerial (seremi) de Vivienda Carolina Casanova transparentó que la toma de Maipú donde el 1 de marzo fue encontrado el cuerpo del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda —y donde este miércoles se desarrolló un operativo para desarticular a una célula del Tren de Aragua vinculada con el crimen—, podría seguir existiendo al terminar el gobierno.
- Esta tardanza se explica en parte por la decisión de avanzar en una desocupación programada en vez de un desalojo.
Qué observar. La fiscalía informó que dos de los detenidos en el operativo realizado en Maipú, Estación Central y San Miguel pertenecerían a la célula Los Piratas, y que al menos uno tendría relación directa con la inhumación ilegal del oficial disidente del régimen de Nicolás Maduro.
- Ojeda fue secuestrado por falsos policías desde su departamento en Independencia el 21 de febrero y su cuerpo fue encontrado nueve días más tarde en una maleta cubierta por cemento, en la toma allanada el miércoles.
- La toma Vicente Reyes, que existe desde 2018, está en el cruce de avenida Pajaritos con Camino a Melipilla, al poniente de Santiago. El sector más antiguo es ocupado principalmente por migrantes haitianos. El más nuevo, por venezolanos.
- El caso es investigado como un crimen presuntamente encargado por el actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, lo que derivó en el anuncio de La Moneda de recurrir al corte penal internacional de La Haya si se comprobaba la hipótesis de la fiscalía.
- El operativo derivó en un nuevo llamado del alcalde del Frente Amplio (FA) Tomás Vodanovic a erradicar el campamento, lo que ya había hecho tras el crimen de Ojeda. Este jueves, sin embargo, se mostró tolerante con el anuncio de dejar la tarea inconclusa.
Qué dijo la seremi. “Los terrenos ocupados por ambas tomas tienen distintas entidades involucradas, incluyendo Bienes Nacionales de Uso Público, y terrenos de propiedad del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), todo lo cual hace más compleja su intervención”, dijo en una respuesta enviada por escrito a este medio.
- “Este es un proceso de desocupación programada y no un desalojo. Hay medio millar de familias y menores de edad para los cuales, antes de cualquier decisión, hay que buscar una solución transitoria. Los plazos que tenemos son acotados y trabajamos para poder resolver los más urgentes durante 2025, pero se estima que el proceso completo podría demorar más allá de nuestra administración”, admitió.
Qué dijo Vodanovic. “Las coordinaciones entre las distintas instituciones avanzan a un ritmo que, si bien nos gustaría fuese más ágil, hay que comprender que responde a distintas variables que convergen en acciones concretas”, dijo por escrito.
- “Sin embargo, esperamos avanzar decididamente y, en el corto plazo, en el plan de erradicación”.
- Respecto de la fórmula de desocupación programada, contestó que “este campamento en particular tiene muchas complejidades, cada paño tiene que seguir una estrategia que es diferente y está situado en medio de una autopista, donde pasa un gasoducto que es peligroso para la salud de las personas y además, colinda por barrios residenciales. Nuestro deber es encontrar una solución que sabemos toma tiempo y trabajo”.