Como un “nuevo sujeto de interés” calificó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, un particular hallazgo para obtener algo inédito desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal: intervenir las comunicaciones del Presidente de la República.
Y para lograrlo, en noviembre del 2024 solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta “pinchar” el teléfono del Presidente Gabriel Boric, en dos ocasiones, y en ambas, el tribunal dijo no. Pero ¿qué expuso como motivos el Cooper y qué respondió el juez? Reportajes Teletrece accedió a estos antecedentes.
La primera vez, Cooper dio cuenta de algo que ya es sabido: ProCultura aumentó en 10 veces su aportes desde organismos del Estado, pero, además, adjuntó la conversacion de Boric con la exesposa de Larraín, Josefina Huneeus.
“Hay que estar preparado para eso, porque él entregó su celular, todas las cosas”, le dijo Boric.
Cooper, además, informó que “en comunicación de fecha 14 de Octubre de 2024 el Presidente de la Republica y a propósito del interés de Huneeus Lagos de ingresar a trabajar al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia le expresa textual: "Habla con él... si necesitas una recomendación, yo estoy disponible", refiriéndose a Claudio Castillo Castillo, actual Director Nacional de dicho servicio público.
Para la Fiscalía, esto corrobora la estrecha relación de Huneeus, Larraín y Boric.
Pero en el expediente hay más y así lo expuso Cooper, ante el tribunal: “Se encuentra corroborado que desde la cuenta corriente de Alberto Larraín Salas (...) se detectaron 126 transacciones entre julio del 2021 y enero 2024 por un monto total de $53.442.000 a la cuenta de destino de Sebastian Balbontín Bustamante, candidato del Frente Amplio para el cargo de alcalde de Limache, mismo conglomerado del Presidente de la República. Este antecedente demuestra que efectivamente los dineros provenientes de los convenios entre el Estado y la Fundación Procultura no fueron utilizados para los fines propios de los mismos, sino para otros fines entre los cuales está el financiamiento ilegal de campañas políticas”.
¿Por qué señaló esto el fiscal? En el documento detalla que existe “la conversación entre otras dos imputadas en esta causa que son Patricia Ilonka Csillag Pimstein (secretaria y cofundadora de Procultura) y Constanza Gómez Cruz (representante legal de Procultura) con una tal "Lucía", donde ésta última señala que se les había prometido pagos para saldar una supuesta deuda. La persona identificada como “Lucía” menciona justamente una conversación con el cofundador Alberto Larraín Salas, donde a la solicitud de dinero, éste le habría contestado: "no, gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca’”.
Por esta y otras consideraciones de ‘contexto’ y 'relevancia' es que Cooper aseguró al tribunal que “tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir, la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República”.
La respuesta del tribunal
El Juzgado de Garantía de Antofagasta dijo “no” dos veces a la solicitud de intervenir el teléfono del Presidente Boric, pero el “no ha lugar” más definitivo llegó el 18 de noviembre.
Allí el tribunal indicó que “el hecho que la persona respecto de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la Fundación Procultura (Alberto Larraín), no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal”.
Además, consignó que “puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia, no siendo suficiente que la expareja (Irina Karamanos) hubiese prestado declaración en calidad de imputada y se quiera apoyar en su defensa o que por el solo hecho de ocupar determinado cargo al tiempo que aumentan las asignaciones a la fundación sean derivadas directamente de la intervención de este individuo”.
Finalmente, zanjó: “Tampoco se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero”.
