El exministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó la discusión en torno al Registro Nacional de Vándalos.
En conversación con Mesa Central, afirmó que "crear un registro por sí mismo sin un fin específico (...) es efectista, puede convertirse en estigmatizador (...) tiende a homologar en un mismo lugar delitos, faltas penales y simples faltas administrativas".
Eso sí, manifestó que "Chile tiene un problema con la regulación y los impactos que tienen las incivilidades. Las incivilidades, luego de los delitos violentos, son de los aspectos que los chilenos tienen más temor".
En la misma línea, abordó la posibilidad de castigar a los infractores quitándoles beneficios sociales, entre ellos, la Pensión Garantizada Universal (PGU), calificándolo como inconstitucional.
La Constitución prohíbe explícitamente, esto no es una interpretación, lo dice explícitamente, que no se pueden aplicar sanciones de pérdida de derechos provisionales", explicó, sumando que aplicar esto de forma retroactiva generaría un "problema muy severo", manifestó. Además, manifestó que en lugar de aumentar las penas, se deben hacer más eficaces las sanciones.
Asimismo, Cordero abordó las intervenciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestando que "ha transmitido bien que seguridad pública es una política de Estado", añadiendo que "reconocer la importancia de la política de seguridad pública aprobada durante la administración del Presidente Boric es muy significativo".
"Si esa es su carta de navegación, buena parte de los esfuerzos que hemos hecho tiene que ver con dimensionar los aspectos de gestión", añadió.
