Lavado de activos, fraude al fisco y cohecho. Son estos los tres delitos por los cuales la fiscalía solicitó este viernes el desafuero del senador de la UDI, Jaime Orpis.
En el escrito de 51 páginas y al que accedió T13 se detalla el modus operandi de los más de $264 millones entregados por Corpesca al senador, entre 2009 y 2013, a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores y personas ligadas a su equipo.
La fiscalía sostiene que hay más que delitos tributarios, puesto que los montos se habrían entregado "a cambio de favorecer los intereses" de la empresa a través de su labor parlamentaria. El informe cita una serie de acciones y votaciones, donde el senador actúa de acuerdo a las "pretensiones" de la empresa y plantea opiniones de la firma como si fueran "personales" en el marco de la tramitación de la ley de pesca.
Por otro lado, la fiscalía acusa fraude al Fisco debido a que el senador habría utilizado un procedimiento para obtener, a través de la emisión de servicios "inexistentes" por parte de asesores, dineros del Congreso destinados a asesorías para beneficio personal.
La solicitud de desafuero deberá ser analizada por la Corte de Apelaciones. En caso de haber un fallo favorable, el senador podría pedir un pronunciamiento de la Suprema. De ratificarse el fallo, Orpis perderá su inmunidad parlamentaria y podrá ser juzgado como cualquier ciudadano. En esta misma situación se encuentran otros dos legisladores: el senador independiente Carlos Bianchi y el diputado RN Rosauro Martínez.
"Emisario y representante de los intereses de Corpesca en el parlamento"
La fiscalía sostiene que entre los años 2009 y 2013 Orpis solicitó al gerente general de Corpesca Francisco Mujica “en diferentes oportunidades distintas sumas de dinero para el financiamiento de su campaña electoral de senador por la UDI (...) y para pagar deudas derivadas de la misma campaña a cambio de favorecer los intereses de la referida empresa mediante el desempeño de sus labores parlamentarias, ya sea mediante de la realización de actos debidos propios de su cargo como a través de actos cometidos con infracción de su cargo. Dichos aportes fueron solicitados al margen del régimen legal del financiamiento de campañas políticas".
Los pagos estaban orientados a lograr que el senador Orpis, en ejercicio de sus funciones, actuara como emisario y representante de los intereses de corpesca en el Parlamento
Según la fiscalía, la empresa Corpesca S.A, a través de su entonces gerente general, accedió a su solicitud y "pagó al imputado de manera ininterrumpida entre marzo 2009 y abril del año 2013 un total de $264.254.120, lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $5.285.082 mensuales, a cambio de que éste realizara determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora o también otras con infracción a los deberes de su cargo".
La fiscalía sostiene que Orpis cometió infracción a los deberes de su cargo, dado que “los pagos estaban orientados a lograr que el senador Orpis, en ejercicio de sus funciones, actuara como emisario y representante de los intereses de corpesca S.A en el parlamento”.
Esto ya que en su calidad de integrante de la Comisión de Pesca y Acuicultura “recibió instrucciones” por parte de Corpesca “procediendo de la forma como lo era requerido”.
Lo anterior constituye a juicio del Ministerio Público una vulneración a los artículos 5ª y 5B de la ley orgánica del Congreso, que sostienen que todo senador debe ejercer sus funciones con “pleno respeto al principio de probidad, que mandata un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general por sobre el particular, debiendo abstenerse de promover o votar cualquier asunto en que tengan interés directo”.
Chahuán agrega que en “oposición a dichos deberes” entre 2009 y 2013 el gerente general de Corpesca y otros ejecutivos o empleados de la compañía “hicieron llegar al senador una serie de instrucciones, así como también materiales o documentos que luego fueron reproducidos por éste en sus intervenciones” en el marco de la tramitación de la ley de Pesca.
Varias de estas instrucciones –agregan- fueron enviadas al correo personal e institucional del senador. En respuesta la fiscalía asegura que Orpis “remitía reportes de la tramitación de los proyectos y resultados de sus gestiones”.
Dentro de los documentos enviados por Corpesca se cita un borrador de una presentación a la Contraloría para solicitar un proncuniamiento sobre el modo correcto en que la subsecretaría de Pesca debía establecer anualmente las cuotas de captura de jurel. La fiscalía acusa que Orpis habría hecho creer que se trataba de una iniciativa personal, con la que obtuvo el respaldo de otros parlamentarios. Luego de esto, la entidad emitió un pronunciamiento “favorable a los intereses de Corpesca”.
El senador Orpis se encontraba ‘a disposición’ de los ejecutivos de Corpesca, para la representación de sus intereses, en lo que le correspondía dentro de su labor parlamentaria, infringiendo gravemente los deberes propios del cargo
Acto seguido, Mujica envió un correo electrónico a Orpis el que señala: “Jaime, excelente el resultado”.
Luego de esto, en octubre de 2010, Mujica envía un correo a Orpis en que contiene la opinión de Corpesca sobre el proyecto de ley sobre cuota de captura del jurel. Según el Ministerio Público esto “es reproducido como opinión personal por el senador Orpis”.
El escrito agrega que esto mismo se repite en 2012 cuando el senador vota un conjunto de indicaciones conforme a una minuta que le había enviado la pesquera.
“En relación a las licitaciones Corpesca propiciaba la aprobación del artículo 27, esto es que las licitaciones abarcaran un 15% y que se rechazase la indicación que las amplía a un 20% y por 15 años. Orpis vota de acuerdo a esa pretensión. Y así queda en definitiva en la ley”, agrega el documento.
Por otro lado el escrito agrega que “se insta por parte de Corpesca que las licencias sean transferibles y divisibles, lo que se plasma en el interés de la empresa de que se apruebe al artículo 30. Dicha norma es votada, en efecto, favorablemente por el senador Orpis, y queda así plasmada en la ley que es aprobada”.
“Todas estas acciones permiten afirmar que el senador Orpis se encontraba ‘a disposición’ de los ejecutivos de Corpesca, para la representación de sus intereses, en lo que le correspondía dentro de su labor parlamentaria, infringiendo gravemente los deberes propios del cargo (…) solicitando y recibiendo dinero como una contraprestación de estas infracciones a su cargo, un beneficio económico de parte de dicha empresa”, concluye el documento firmado por el fiscal nacional Sabas Chahuán.
Más de $264 millones de Corpesca
En la segunda parte del documento se detalla cómo la pesquera entregó los recursos al senador.
La fiscalía señala que "a sabiendas que los dineros recibidos de la empresa Corpesca S.A, a través de su entonces gerente general Francisco Mujica Ortúzar provenían directa o indirectamente de la comisión reiterada en el tiempo del delito de cohecho, realizó diversas acciones cuyo objetivo era ocultar o disimular el origen ilícito de estos, otorgándoles de esta forma una cierta apariencia de legalidad o justificación que impidiera develar la ilícita fuente y le permitieran aprovechar tales recursos y utilizarlos sin temor a controles".
Orpis ideó e implementó un sistema que consistía en justificar cada uno de los pagos de Corpesca cuyo real origen era del delito de cohecho, como contrapartida de asesorías profesionales inexistentes, presuntamente prestadas por diversos terceros cercanos al imputado
"De esta manera, en concreto, ideó e implementó un sistema que consistía en justificar cada uno de los pagos de Corpesca cuyo real origen era del delito de cohecho, como contrapartida de asesorías profesionales inexistentes, presuntamente prestadas por diversos terceros cercanos al imputado que operaban como testaferros de éste", agrega.
La fiscalía sostiene que en forma ininterrumpida entre marzo 2009 y abril del año 2013 recibió un total de $264.254.120, lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $5.285.082 mensuales.
Se trata de un total de 76 boletas ideológicamente falsas, cursadas por asesores del senador y familiares de éstos, quienes retenían el 10% de los impuestos.
Dichos pagos fueron cursados por cercanos al senador, y donde tuvo un rol clave María Carolina Gazitúa, ex asesora del parlamentario. La fiscalía cita servicios de arquitectura y comunicacionales, todos ellos “inexistentes”. Otro grupo de boletas fueron emitidas por empleados de Corporación La Esperanza, cuya directora ejecutiva es la esposa del senador. También figuran boletas por parte de Felipe Rojas Andrade, actual consejero regional UDI de Tarapacá por supuestos servicios de asesoría comunicacional “inexistentes en la realidad”, las que fueron obtenidas por María Verónica Quiroz, jefa de gabinete del senador.
Otras boletas fueron emitidas por Alex Ramírez Quiroz, esposo de Carolina Gazitúa, por servicios inexistentes a Corpesca; y por parte de Marcelo Ramírez Quiroz, cuñado de Gazitúa. La fiscalía menciona como emisores de boletas ideológicamente falsas a Muriel Teixido, cuya firma habría sido “falsificada” en dos oportunidades por Gazitúa. También se cita a Flavia Manríquez Canese por la simulación de servicios de asesorías comunicacionales “inexistentes”; y a Lucía Verónica Montenegro por supuestas asesorías administrativas.
Y, finalmente, se detalla un grupo de boletas emitidas por la propia Carolina Gazitúa, quien habría simulado asesorías de ingeniería "inexistentes".
Los antecedentes del presunto fraude al fisco
El documento de la fiscalía detalla que en el año 2006 Carolina Gazitúa suscribió ante el Senado un contrato de prestación de servicios profesionales a honorarios, por un monto de entre 300 a 400 mil pesos.
No obstante a eso, en el documento se detallan 10 boletas de honorarios por montos mayores a los antes citados, los que a solicitud de Orpis “eran pagados por el Senado para posteriormente proceder Carolina Gazitúa a entregar al parlamentario y a exigencia de éste parte de los fondos recibidos”. El monto total de este grupo de boletas supera los 17 millones.
Con las maniobras antes descritas, teniendo a Jaime Orpis en su calidad de senador, fondos públicos asignados para el mejor desarrollo de sus funciones, destinado al pago, entre otros ítemes a asesores, simuló el valor de los supuestos trabajos prestados para así provocar un pago indebido, y hacerse de esos fondos
Luego, en marzo de 2012, el Senado suscribe –por instrucción de Orpis- un contrato con Gazitúa por un monto mensual de $1.826.910 con Gazitúa.
Tal como en el caso antes descrito, la funcionaria habría procedido a entregar parte de los montos a Orpis, por “exigencia” de éste.
La fiscalía sostiene que las asesorías contratadas “son irreales en cuanto al monto de los honorarios pactados, los que son sobrevalorados”.
Este segundo grupo de boletas suma un total de $78.418.277, de los cuales $35. 724.000 fueron entregados a Orpis, según el escrito.
Este mismo procedimiento se repitió con Bárbara Molina Ellies, por la realización de asesorías legislativas. Esto por un total de $16.421.321, de los cuales 14 millones fueron entregados al senador.
La fiscalía sostiene que “con las maniobras antes descritas, teniendo a Jaime Orpis en su calidad de senador, fondos públicos asignados para el mejor desarrollo de sus funciones, destinado al pago, entre otros ítemes a asesores, simuló el valor de los supuestos trabajos prestados para así provocar un pago indebido, y hacerse de esos fondos, por un monto ascendente de a lo menos $71.310.668”, a partir del valor de la UTM actual.
Es por estos antecedentes que la fiscalía imputa a Orpis los delitos de fraude al fisco reiterado y consumado.