El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, usará la facultad de revocación administrativa para algunos casos de las pensiones de gracia entregadas con motivo de daños sufridos en el contexto del estallido social.
Luego de una revisión de los antecedentes por parte del profesor de Derechos Constitucional de la Universidad de Chile Francisco Zúñiga, el Ejecutivo determinó que sí existe la facultad presidencial de revocar las pensiones por gracia, luego que se conocieran que algunos de los beneficiados tenían antecedentes policiales, e incluso una persona estaba prófuga de la justicia.
“Ha habido un debate político respecto a que si hay facultades administrativas para revocar o no revocar las pensiones de gracia. Por esa razón la subsecretaría pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas”, explicó el subsecretario Monsalve.
“La conclusión es que las decisiones administrativas, como el caso de la entrega de pensiones, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, de mérito, de conveniencia, en la medida que se busque proteger el bien común”, añadió.
“Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar el revocar una pensión de gracia. Eso no opta que una persona a la que se le revoca el beneficio, puede recurrir a la justicia, por eso nos parece que hay que ser muy precisos cuando se legisle en las mociones que se están votando hoy”, detalló la autoridad de gobierno.
El subsecretario Monsalve informó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se discute un proyecto de ley para restringir la entrega de estas pensiones de gracia, que el Presidente utilizará esta facultad para revocar el beneficio.
“También he transmitido a la comisión, a partir de este informe jurídico, que el Presidente va a usar la facultad de revocación administrativa. Evidentemente eso explica fijar criterios que el Presidente va a definir para ejecutar esta decisión”, expresó Monsalve.
Pensiones de gracia en la mira
La Comisión de Desarrollo Social trabaja en un proyecto de ley para modificar algunos criterios para otorgar pensiones de gracia, luego que se conociera que cinco personas que reciben este beneficio estatal al ser víctimas en el contexto del estallido social, tenían condenas por distintos delitos.
Una comisión investigadora que se aprobó en agosto del 2023 reveló que durante el Gobierno de Gabriel Boric se ha entregado la pensión de gracia a 23 personas que tenían antecedentes penales, mientras que durante el Gobierno de Sebastián Piñera, 17 personas en estas condiciones recibieron el beneficio.