El Gobierno de Gabriel Boric reconoció, este jueves, que gran parte de los contratos que suscribió la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, que destapó el Caso Convenios, no tienen boletas de garantía.
Fue la propia institución del Ministerio de Vivienda la que, mediante un comunicado, reconoció que en el contrato por el programa de Asentamientos Precarios no se contemplaron boletas de garantía con las fundaciones, “toda vez que no es una exigencia expresa de la normativa”.
“Esto es parte de los defectos del sistema de asignación de recursos con instituciones sin fines de lucro, motivo por el cual el ministerio se encuentra trabajando para modificar este modelo por uno más transparente y con mejores estándares”, añadieron.
A mediados de julio la Seremi de Vivienda de Antofagasta dictó una resolución para poner fin a los tres contratos suscritos con Democracia Viva. Por esto, ordenó la restitución de los dineros, que serían el 92 por ciento de los suscritos en los convenios, algo así como 391 millones de pesos.
Sin embargo, estos montos no están acreditados en boletas de garantías asociadas a estos contratos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó la situación y detalló que la Contraloría General de la República recomienda requerir cauciones a las empresas o fundaciones como una “medida de buena administración”.
“El modelo de transferencias que tienen convenios como los de Democracia Viva es un sistema que descansa sobre transferencias corrientes. En las transferencias corrientes, no existe norma legal que obligue a establecer cauciones”, explicó Cordero.
“La Contraloría lo que ha señalado es que los servicios a las entidades podrían requerir cauciones como una medida de buena administración. En otros términos, la propia Contraloría ha señalado que en el caso de las transferencias de capital no se requieren cauciones, salvo como medida de buena administración”, añadió.
Luego que la fundación presentara un recurso de reposición y dijera que están en proceso para determinar cuál es el monto que deben devolver al Estado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le solicitó al Juzgado Civil de Antofagasta que retuviera el dinero de las cuentas de Democracia Viva, como medida cautelar en el caso, lo que fue aceptado.
Según Cordero, fue el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien advirtió ante el Congreso esta situación y que por eso solicitaron al CDE pedir la retención de los bienes de Democracia Viva.
“El ministro Carlos Montes en sus comparecencias al Congreso advirtió en todas las comisiones en las cuales él se presentó, que uno de los defectos que él y su equipo identificaron, es que en estos contratos, pese a que eran transferencias de capital, no existieron boletas de garantía. El ministro Montes advirtió tempranamente la inexistencia de estas boletas de garantía”, enfatizó Cordero.
“En el contexto del término del contrato con Democracia Viva, reservadamente, el Ministerio de Vivienda le solicitó al CDE la medida cautelar precautoria para resguardar los fondos”, añadió.