Con el principal objetivo de proteger el monto de las pensiones y la estabilidad del mercado financiero, ayer el Gobierno ingresó un proyecto de ley que busca limitar a dos el traspaso entre los multifondos de AFP y dejar sin tope cuando el movimiento sea entre aquellos adyacentes, es decir del A al B o del B al C.

La iniciativa surge en el contexto de masivas solicitudes de cambios, las que responden a las recomendaciones -que se han acentuado este año- de asesores previsionales no regulados, según explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

De hecho, advirtió que cada uno de estos cambios masivos ha generado flujos de operaciones cercanos a los US $ 5.000 millones.

El jefe de las finanzas públicas se apoyó en la experiencia comparada resumida recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que muestra que cambios masivos y frecuentes en estrategias de inversión, tienden a reducir la rentabilidad de los afiliados.

Pero no sólo ocurre esto, ya que para responder a la masividad de estos cambios, las AFP deben aumentar el grado de liquidez de los portafolios de inversión, reduciendo la rentabilidad asociada al portafolio total y la pensión futura del afiliado.

En el mercado, en tanto, se pueden generar riesgos de estabilidad financiera al afectar los precios de los activos y aumentar la volatilidad.

Con todo, Briones afirmó que existe un consenso entre Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central de Chile, y la Comisión para el Mercado Financiero, en la necesidad de avanzar hacia una mejor regulación de cambios en los fondos de pensiones.

La iniciativa ingresó a las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara, con suma urgencia. Es decir, el plazo es de 10 días para la tramitación.

¿Cobrar por cambiarse?

El exsuperintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro, ha planteado la idea de que se cobre una comisión a la persona que desea cambiarse, pero que no vaya a la AFP, sino que al fondo de pensiones.

Tras ser consultado al respecto, Briones reconoció que podría discutirse esa alternativa, pero para quienes quisieran cambiarse una tercera vez en un plazo de doce meses.

“Hemos discutido el que haya un pago, un peaje”, dijo ayer en un punto de prensa.

Sin embargo, advirtió que la ley actualmente contempla eso, “pero en facto es letra muerta, porque está establecido que va en beneficio de las AFP y quizás ahí una posibilidad a discutir, es que vaya en beneficio del fondo”, precisó.

Reforma y menos fondos

Tras conocer el proyecto, la excoordinadora de Políticas Sociales del ministerio de Hacienda, Paula Benavides, remarcó que los sistemas de pensiones no están pensados para generar ganancias de corto plazo a partir de cambios de multifondos, sino que deben estructurarse para obtener rentabilidades a largo plazo.

Tomando en cuenta los efectos en el monto de las jubilaciones y en el mercado, la economista señaló que es deseable acotar las posibilidades de cambio, pero que es una medida de parche cuando se necesita una cirugía mayor. “Con la misma urgencia se debería avanzar en una reforma estructural que dé respuesta a todos los temas de fondo y no solo a aquellos que afectan a los mercados”, sostuvo.

La académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, señaló que cuando el comportamiento individual genera efectos negativos en el resto, se requiere una regulación para evitar ese daño. “Lo que se está planteando parece razonable, aunque también me parece bien la propuesta que hizo Alejandro Ferreiro de introducir una comisión por esos cambios que sea de beneficio del fondo. Es una forma de corregir la externalidad, sin limitar la decisión de traspaso”, indicó.

El exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, calificó el proyecto como una solución no ideal, pero que es mejor a lo que rige hoy.

Según el economista, la regulación hoy está induciendo a la gente a que tome decisiones que no está en condiciones de hacer. “No estamos preocupados todo el día de lo que está pasando en los mercados y nos falta conocimiento de las alternativas que hay”, cuestionó.

En ese sentido, planteó que una opción mejor y más de largo plazo “pasa por reconocer que se pasó la mano con la cantidad de fondos que hay, por lo que creo que debiéramos pensar en ir a un esquema donde haya tres fondos en lugar de cinco”, detalló.

Cámara Baja aprueba comisión investigadora de asesorías previsionales

La Cámara de Diputados aprobó ayer la conformación de una comisión especial investigadora para que se aboque a estudiar la fiscalización que reciben quienes prestan el servicio de asesoría y consejería financiera a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cambiarse de multifondos.

Por 118 votos a favor y sólo 12 abstenciones, la Sala de la Cámara Baja aprobó la instancia de una comisión especial cuya misión será investigar "los actos del Gobierno, en particular, del actuar de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión para el Mercado Financiero, del Servicio Nacional del Consumidor y de cualquier otro órgano pertinente", en cuanto encargados, en su caso, de la fiscalización o regulación de la operación de los denominados "asesores o consejeros financieros", personas, tanto naturales como jurídicas, que otorgan consejos o recomendaciones a los cotizantes, para la administración de sus fondos previsionales acumulados en las cuentas de capitalización individual, que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)".

La petición fue respaldada por 65 diputados y liderada por legisladores de la UDI. La comisión tendrá 60 días para realizar su labor.

Al inicio de la jornada, el Gobierno ingresó también un proyecto de ley que limita el cambio entre multifondos.

Este grupo se sumará al impulsado desde la oposición para fiscalizar las triangulaciones denunciada por la empresa Felices y Forrados y desestimadas por la autoridad supervisora.

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