Una verdadera batalla legal comenzará luego que el gobierno concretara su anuncio de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) para objetar el proyecto de reforma a la carga magna que permite un segundo retiro de fondos previsionales de los usuarios en el sistema de AFP.
En el escrito presentado por el gobierno se advierte que el retiro "excepcional" pasaría a llevar facultades propias del Presidente de la República -al abordar materias de la administración financiera del Estado y relativas a tributos- y establecería una nueva regla contraria al sistema de seguridad social consagrado en la carta fundamental.
Adicionalmente, se acusa un intento por establecer "dos constituciones paralelas" al regular a través de disposiciones transitorias materias como el segundo retiro. "Estamos en un problema político agudo cuando hay quienes no les importa saltarse las reglas", afirmó este lunes el vocero de gobierno, Jaime Bellolio.
"Como estamos en contra del mecanismo y no del retiro es que presentamos nosotros un proyecto de retiro de 10% que cumple con dos condiciones que son las que dicen aquellos que han promovido este retiro que es para aquellas personas que no les ha llegado las ayudas del Estado y, segundo, nosotros creemos que no estamos en condiciones que le regalemos mil millones de dólares a las más altas rentas del país", añadió.
Pero, ¿qué pasa con la presentación del requerimiento?
La tramitación del proyecto original continúa en el Senado
"Esto no interrumpe para nada la tramitación", aseguró este lunes la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, al ser consultada sobre la decisión del gobierno de recurrir al TC.
De hecho, detalló que la iniciativa se votará este miércoles en la Sala. En tanto, el proyecto del gobierno se está revisando en la Comisión de Hacienda de la misma corporación.
Para la titular del Senado, la decisión de La Moneda "es un gran error y abre un escenario de conflicto entre el gobierno y la ciudadanía".
"Y también reabre una suerte de cuestionamiento que ha venido haciendo el gobierno y el Presidente al parlamento y especialmente a la oposición", agregó en Tele13 AM.
Si el proyecto se aprueba en el Senado -para lo cual se requieren 2/3, donde la oposición necesita de votos del oficialismo- pasará a un tercer trámite en la Cámara y lo más probable es que termine en una Comisión Mixta, donde representantes de ambas corporaciones deberán consensuar una redacción común.
¿Es necesario esperar a que se termine de tramitar en el Congreso para que el TC se pronuncie?
No. Según detallan fuentes del organismo la tramitación del proyecto en el Congreso puede avanzar de manera paralela al trabajo que realice el TC.
¿Cuáles son los plazos del TC?
La tramitación dependerá de varios factores. Si la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, lo determina, el recurso puede verse de manera exprés, poniéndolo sobre tabla (para lo cual se requiere unanimidad de los integrantes del TC) o en un pleno extraordinario.
Ahí el tribunal deberá pronunciarse sobre si se acoge a trámite (si cumple requisitos de forma) y luego si se declara admisible, con lo que se entrará al fondo del caso y se citará a audiencias.
En caso de que se declare admisible el análisis del requerimiento podría tomar un plazo de hasta 20 días y en ningún caso menos de una semana (considerando los 5 días con que cuenta para el traslado de la causa y que las audiencias se deben citar para el día siguiente o subsiguiente).
¿Podrá haber un segundo retiro antes de navidad?
El requerimiento ante el TC podría complicar la pretensión de los parlamentarios que presentaron el proyecto, que apuntaba a ir en ayuda de las familias antes de la Navidad.
Considerando que estamos a 23 de noviembre, que todavía queda un tercer trámite, que resta el pronunciamiento del TC y que el proyecto de los parlamentarios hasta ahora contempla un plazo de pago de 15 días hábiles (tres semanas), esta opción parece cada vez menos factible. Lo mismo ocurre con el proyecto del gobierno, que considera un plazo de pago de 60 días hábiles.