Desde el Gobierno se abordó la "preocupación" que la ministra de Salud, May Chomali, manifestó respecto a la indicación con la cual los recintos de salud deberán "reportar" a migrantes irregulares.
La iniciativa planteaba la exigencia para instituciones de educación, salud y previsionales para que entreguen información, como la dirección, teléfono y correo electrónico de aquellos que ingresaron en forma irregular al país.
Ante esta propuesta, Chomali transparentó estar preocupada por la medida, pues la información a la que se pretende acceder es en entregada en el contexto "de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes".
Consultado respecto a estas declaraciones, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que "acá no existe en el texto, nunca ha estado en el texto ni en la intención del Gobierno ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia, porque eso no está en el espíritu de la ley".
"La indicación lo único que hace es que el organismo respectivo, solo cuando hay un procedimiento migratorio en curso, pueda oficiar para obtener algún antecedente que nos permita ubicar a esas personas", agregó.
Respecto a la preocupación de Chomali, Pavez declaró que ya la tienen incorporada, porque "los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar" y, en ese sentido, "no hay ninguna descoordinación".
Argumentó también que "las instituciones permanentemente le entregan información a las policías en múltiples procedimientos, acá solamente estamos agregándole esa facultad que ya existe, para los fines migratorios".
Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que "no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud".
"Esta es una indicación que no tiene como propósito inmiscuirse en toda la ley de protección al paciente, sino que solicitar información de acuerdo a los nuevos marcos jurídicos", concluyó Alvarado.
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