El Ministerio del Interior se refirió a la situación que involucra al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, tras sus dichos en los que se atribuía la "recuperación de madera" para comprar armamento.
En relación a este punto, la ministra del Interior, Izkia Siches, había detallado que no volverán a ampliar la querella que ya se presentó en su contra debido a que sus dichos no corresponden a "hechos nuevos", ya que Llaitul habría admitido el ilícito anteriormente.
Sobre esta decisión, el medio Ex-Ante había señalado que "una revisión de las 13 páginas de la ampliación de querella presentada por Siches permitió observar, sin embargo, que en ésta no hay mención a las declaraciones de Llaitul en Peñalolén sobre la comercialización de madera de fundos tomados para adquirir armas".
Al respecto, Interior replicó a "las informaciones de prensa que sostienen que la ampliación de la querella contra el señor Héctor Llaitul Carillanca, interpuesta por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el 28 de julio (...) no apuntaría a la investigación de sus dichos sobre robo de madera".
"El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su calidad de interviniente, ha estado y estará disponible para colaborar con toda acción que emprenda el Ministerio Público en las causas que sigue contra el señor Llaitul y contra cualquier otra persona que se declare implicada en ilícitos", señalaron.
Del mismo modo, recalcaron que "la querella ya presentada por el Ministerio del Interior, habilita al Ministerio Público para investigar, en el contexto de la LSE al señor Llaitull, por cualquier hecho que se asocie con sus declaraciones, pasadas, presentes y futuras".
A su vez, sostienen que al dirigir la acción penal "'en contra de quienes resulten responsables’ y respecto de “todo nuevo hecho que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle a efecto el Ministerio Público", el ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación”.
"Resulta indudable que las declaraciones vertidas -que ahora se difunden- están en la misma línea de las anteriores que llevaron a la ampliación de la querella del gobierno, indicando la realización de hechos precisos que podrían ser constitutivos de delito", añadieron desde la Secretaría de Estado.
Por otra parte, destacan que "estos hechos se enmarcan en delitos comunes que, conforme las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar, puede hacerlo de oficio sin necesidad de una querella de esta parte".
Finalmente, subrayan que "la indagación de actos asociados a delitos comunes, sí fue contemplada de manera expresa en la querella, al indicarse, en su página 2 que “…durante el transcurso del periodo que media entre el 11 de marzo de 2022 a la fecha, el señor Llaitul ha realizado, a lo menos, tres declaraciones públicas (…) que podrían configurar delitos contemplados en la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado (LSE)".