La Contraloría General de la República solicitó explicaciones al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tras detectarse antecedentes vinculados al sueldo millonario de una periodista que fue promovida durante la gestión del exdirector José Guajardo, situación que fue dada a conocer en un reportaje de Biobío publicado este lunes.
De acuerdo con la información revelada, el organismo fiscalizador ofició al SAG para aclarar las condiciones contractuales y el monto de la remuneración asignada a la profesional, la cual habría generado cuestionamientos respecto de su ajuste a la normativa vigente dentro del servicio público.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse la solicitud de antecedentes, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el tema en vocería, señalando que el Ejecutivo actuará conforme al procedimiento institucional establecido.
“Todo esto, obviamente, como procede frente al oficio de la Contraloría General de la República, solicita para tanto esclarecer las dudas información al Ejecutivo y esta es entregada por parte del organismo correspondiente”, sostuvo la autoridad.
La ministra agregó que existe un conducto formal para este tipo de requerimientos y que será el organismo involucrado quien entregue la información solicitada. “Esto tiene un conducto formal y yo en este momento no tengo los elementos técnicos, pero se basa en responder mediante conducto formal a esta inquietud”, indicó.
“Esto lo va a responder el organismo correspondiente formal y, a través de esa respuesta, explicitar cómo se ajusta a la normativa”, añadió.
El oficio de Contraloría tras sueldo millonario de perodista
El requerimiento de la Contraloría General de la República busca aclarar los antecedentes relacionados con la promoción y remuneración de la profesional en el SAG, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. El proceso se enmarca dentro de las facultades fiscalizadoras del ente contralor, que puede solicitar información y revisar actos administrativos cuando detecta posibles irregularidades.
Por ahora, se está a la espera de la respuesta formal del Servicio Agrícola y Ganadero, la que deberá ser remitida dentro de los plazos establecidos por la normativa administrativa.
El caso se suma a otros episodios que han generado debate respecto de contrataciones y remuneraciones en servicios públicos, en un contexto donde la transparencia y el correcto uso de recursos fiscales continúan siendo materia de escrutinio institucional.
