El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se sumó a los cuestionamientos a la diputada del partido Catalina Pérez, que suspendió su militancia luego que sus cercanos se vieran involucrados en los polémicos convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
“Es muy poco probable que no supiera, porque es su propia región, es su círculo cercano, etc. Habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio; puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos, y por eso hay despejar sus grados de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, dijo Latorre en Tele13 Radio.
“Es un caso complejo que ha ido evolucionando, han aparecido nuevos antecedentes, nosotros fuimos tomando decisiones colectivas. En una primera etapa, nadie puso el punto en Catalina Pérez en Revolución Democrática, hasta el miércoles que empieza a aparecer el foco en ella”, añadió.
Pese a que el propio senador Latorre se paró junto a la diputada Pérez en el Congreso cuando ella entregó sus primeras declaraciones por el caso, el presidente de RD descartó que eso haya sido un “respaldo” a la parlamentaria y enfatizó que en ese momento solo se sabían algunos antecedentes.
“Eso fue el lunes, nosotros tomamos decisiones el fin de semana sobre el caso, de hecho, le pedimos a la diputada unos días antes que estallara el caso que fuera a Contraloría, y le pedimos que se desmarque de su círculo cercano. Además, el fin de semana decidimos pasar a los militantes al Tribunal Supremo”, explicó Latorre.
“En ese punto de prensa no hubo respaldo a la diputada. RD estaba empezando a conocer el caso y le pedimos a la diputada que se desmarcara de su círculo cercano y que se pusiera a disposición de la investigación. Hasta ese momento teníamos un descriterio de dos militantes, y dos días después surge la arista penal”, insistió.
Algunos diputados de RD, como Jorge Brito y Consuelo Veloso ya se habían desmarcado de la diputada Pérez que es apuntada porque Daniel Andrade, quien ahora es su expareja, es el representante legal de la Fundación Democracia Viva, que suscribió convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese momento por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la misma diputada.
La Policía de Investigaciones (PDI) allanó el martes el domicilio que compartían hasta hace algunas semanas la diputada Pérez y Andrade, quien además solicitó ante el Juzgado de Garantía ser parte de la investigación como imputado y se ofreció a entregar sus dispositivos electrónicos.