Cerca de 400 indicaciones recibió el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, tras el cierre del plazo para su ingreso este lunes en el Congreso.

El proyecto, que ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora deberá enfrentar una larga etapa de discusión donde se revisarán las propuestas ingresadas por parlamentarios de distintos sectores.

Según antecedentes recopilados por T13, en el desglose preliminar, la diputada del Partido de la Gente (PDG) Zandra Parisi presentó 130 indicaciones, mientras que la Democracia Cristiana ingresó 102. Por su parte, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, presentó 65 propuestas, el PPD sumó 29, y otro bloque de la oposición añadió 10 indicaciones adicionales.

Ley de Reconstrucción Nacional: las 130 indicaciones ingresadas por la diputada Parisi

Las indicaciones presentadas por la diputada del PDG Zandra Parisi introducen una serie de modificaciones al proyecto.

Una de ellas propone una serie de modificaciones al Fondo de Emergencia por Incendios, entre las que se incluye la extensión de su vigencia hasta 2028 o incluso 2030, además de ampliar su cobertura más allá de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. De esta forma, se permitiría su aplicación en cualquier zona del país afectada por catástrofes de similar magnitud durante su vigencia, siempre que exista declaración de zona de emergencia o respaldo técnico que lo justifique.

Otra de las propuestas busca acelerar los procesos de reconstrucción mediante un procedimiento abreviado para la aprobación de proyectos de infraestructura, vivienda y servicios básicos, con participación de distintos ministerios y validación mediante decreto del Ejecutivo, manteniendo controles de fiscalización y rendición de cuentas.

En materia habitacional, se propone además un nuevo régimen tributario para las llamadas “viviendas económicas”, estableciendo un impuesto único del 5% sobre las rentas de arriendo a partir de una tercera propiedad, con el objetivo de evitar su uso como mecanismo de inversión a gran escala y resguardar su carácter social.

Por otro lado, se incluyen ajustes a la normativa de rentas municipales para homogeneizar los beneficios tributarios en todas las zonas afectadas por incendios, asegurando criterios uniformes en la aplicación de los incentivos de reconstrucción.

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