El primer día hábil de marzo la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, determinó -vía oficio- la apertura de una investigación disciplinaria para ver eventuales inconsistencias en antecedentes provenientes de la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad.
La situación, que según algunos de los integrantes del TC genera “incomodidad”, habría sido detectada a lo largo de febrero. Este lunes, Brahm notificó tanto al pleno de la entidad como al jefe de la dirección involucrada, Julio Ortiz.
Será el también ministro del TC, Gonzalo García Pino, quien estará a cargo del procedimiento. Una de sus primeras actuaciones apuntó a decretar la reserva de este proceso.
Como ministro de fe fue designado el relator del tribunal Sebastián López Magnasco, pero como él se encuentra en feriado legal, por ahora asumirá dicha labor José Francisco Leyton.
La Dirección de Administración y Finanzas maneja un presupuesto que oscila en torno a los 5 mil 600 millones de pesos anuales, y según fuentes del Tribunal, se tendrían indicios de aparente desorden en la información de la entidad.
El procedimiento cuenta con un plazo de un mes, prorrogable por otros 30 días, y este puede concluir tanto con el sobreseimiento como con eventuales sanciones y posibles notificaciones a otras entidades, como el Ministerio Público, en caso de encontrarse indicios de delito.