Sorpresa generó la intervención del abogado del líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, al allanarse a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal solicitadas por la fiscalía por su presunta participación en la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas por la firma de Warner a SQM por un monto total de $391 millones.
Según el fiscal del caso, Pablo Gómez, los recursos obtenidos por Warner se entregaron "con pleno conocimiento y acuerdo de Enríquez-Ominami" con el objetivo de financiar su "proyecto político".
La fiscalía apunta a la figura de facilitación a raíz de una serie de declaraciones de ex funcionarios de la campaña de Enríquez-Ominami, quienes señalaron que sus servicios fueron cancelados a través de la firma de Warner.
La decisión de la defensa del líder del PRO truncó las intenciones de la fiscalía de entrar en el detalle de los antecedentes que sustentaban su formalización. Este fue el primer de los tres enfrentamientos que marcaron la audiencia.
El efecto de una eventual acusación de cara a la presidencial
El abogado de Marco Enríquez-Ominami sorprendió al allanarse a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Pero más allá de eso, resultaron llamativas las razones que invocó.
"Para nadie es un misterio que mi representado es candidato presidencial. Bajo ese punto de vista nuestro principal norte es un juicio oral pronto, abierto, público y contradictorio, por el efecto del inciso 2 del 16 de la Constitución. Esto es que presentada la acusación, derechamente, se le suspenden sus derechos políticos y se achica la cancha presidencial", explicó el abogado Juan Carlos Manríquez.
El abogado apunta al artículo 16 de la Carta Magna que en su inciso segundo señala que el derecho a sufragio se suspende "por hallarse la personas acusada por delito que merezca pena aflictiva". Y es que una persona que se encuentra inhabilitada para ejercer este derecho no puede postular a la Presidencia.
"Bajo ese punto de vista lo que nosotros queremos es por razones meramente tácticas y estratégicas en este minuto, allanarnos a la medidas que ha propuesto el Ministerio Público, pura y simplemente teniendo en cuenta que nuestro interés está puesto allá y no necesitamos ningún mayor detalle, por ahora", cerró su intervención.
Frente a la intervención de la defensa de Enríquez-Ominami, la jueza Alicia Rosende se alistaba para decretar las medidas cautelares.
Fue ahí que el fiscal Gómez intervino para responder a la afirmación de Manríquez, en relación a que no necesitan "ningún detalle" de los antecedentes que sustentan la petición de las cautelares.
"La propia defensa ha hecho bastante caudal respecto de la imputación que se ha hecho a su representado, en ese sentido la fiscalía insiste en poder entregar al tribunal a lo menos someramente los antecedentes que se funden tanto en el hecho punible como en la participación", comentó.
Manríquez replicó: "no lo requiero y la precisión que se hizo es suficiente, salvo que el interés sea otro". Esto en una clara alusión a una de las principales críticas que ha hecho el equipo de ME-O, que acusa una intencionalidad política detrás de la formalización.
"No hay ningún otro, solo poder especificarle. Se ha hecho mucho caudal de los antecedentes que cuenta la fiscalía y nosotros entendemos que estos son serios, verosímiles y contundentes", replicó el persecutor.
Según explicó más tarde el abogado de ME-O a T13 su intervención apuntó a que el plazo de cierre de la investigación es febrero de 2017, sólo seis meses antes del cierre de la inscripción de las candidaturas.
"Mi objetivo es tratar no se llegue a ese estadio de acusación, que ese cargo se desvanezca. Pero si es que el Ministerio Público quiere avanzar al juicio, que lo discutamos lo antes posible y que esté despejado al tiempo de la inscripción de las candidaturas", detalló.
Alzamiento de secreto bancario
Un segundo roce entre la fiscalía y la defensa de ME-O se produjo a raíz de la intención del Ministerio Público de aprovechar la audiencia para preguntarle al líder del PRO si accedía al alzamiento de su secreto bancario.
"El señor Enríquez-Ominami ha dicho que ha alzado todas sus cuentas corrientes, lo que no es efectivo y debemos aclararlo. Lo que Hemos tenido hasta ahora es un acceso restringido a sus cuentas. A través de un documento de marzo de este año él nos autorizó para pedirle a los bancos que nos informaran a través de un oficio si existían transferencias de determinadas personas naturales y jurídicas a sus cuentas. Esa diligencia en esos términos resultaría inoficiosa, no tiene el rigor necesario. El Ministerio necesita tener acceso a las cuentas y cartolas, materialmente", aseguraron.
Fue así que le consultaron a ME-O si accedía “voluntariamente” a que se alzara en forma “íntegra” su secreto bancario, para contar con el detalle de movimientos de saldo, depósitos, transferencias y giros entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de enero de 2014. O sea, entre los meses anteriores y posteriores a la emisión de la primera y última boleta imputada.
La defensa de ME-O replicó que abordar este tema en la audiencia vulneraba los derechos de su defendido, al ventilar datos como sus cuentas bancarias en una audiencia que es televisada. “Es ganar espacio donde no lo hay”, reclamó.
Ante la falta de espacio por parte de la defensa del líder del PRO, se le notificó que se le citará para el próximo 25 de octubre a las 10:00 para abordar el tema. “La necesidad de alzar las cuentas bancarias es muy importante para la fiscalía”, plantearon.
El debate con la defensa de Contesse por acceso a servidor con 3,5 millones de correos
El tercer enfrentamiento que marcó la audiencia no fue con la defensa de ME-O sino que con la del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, quien fue reformaliado en el marco de la causa.
Esto a raíz de una solicitud del Ministerio Público formulada durante en la audiencia, en que se buscaba obtener permiso para acceder, revisar y extraer 3,5 millones de correos electrónicos contenidos dentro de un servidor que fue entregado por la empresa FTI Consulting de EE.UU sobre SQM.
Ante la solicitud la jueza dijo que "sorprende al tribunal y sorprende, me imagino, a la defensa". "A la defensa se le busca sorprender con este planteamiento, porque esta audiencia no fue citada para estos efectos", continuó la defensa de Contesse.
Finalmente, la fiscalía retrocedió en su petición, a efectos de abordarlo en otra instancia.