El pasado jueves, un día antes de asumir como gobierno, las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron que "una de las primeras medidas del Gobierno es el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), presentadas en el marco del estallido social".

Para el gobierno saliente esta decisión fue calificada como una "mala noticia" e incluso se anunció una interpelación a ambas ministras por parte del diputado republicano Cristián Araya.

Sobre el revuelo que ha causado el retiro de las querellas, se refirió la ministra de Justicia, Marcela Ríos en diálogo con Tele13 Radio. La autoridad defendió la decisión, afirmando que "hicieron una revisión intensa de los casos"

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"Nosotros revisamos todas las querellas, existen cerca de 146 vigentes y retiramos 139, no las retiramos todas, estas son las querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, que como se sabe, era un compromiso del Presidente Boric. Es una de las medidas en materia de Derechos Humanos (DDHH) y era algo que el presidente había comprometido y adelantado durante la campaña", declaró Ríos.

En este sentido, aclaró que lo que se hizo no fue indultar, sino solo retirar las querellas. "Entre las 100 y tantas personas que están imputadas por estas querellas que hemos retirado, ninguna persona hoy día está en prisión preventiva", precisó

"La razón de por qué hemos retirado estas querellas es porque tenemos una evaluación y también esto fue mencionado por distintos organismos internacionales que hicieron informes en materia de DDHH. La Ley de Seguridad Interior del Estado tiene un propósito respecto de delitos que son en contra de la seguridad del Estado y acá hubo un uso indiscriminado de esta ley para la mayoría de los casos contra delitos comunes", sostuvo.

Y añadió: "Las personas que están imputadas no están imputadas por delitos que tengan que ver con seguridad, en su mayoría son por robos menores en lugares no habitados o receptación (...) El hecho de que retiremos las querellas en la mayoría de los casos, no se extingue el proceso, el Ministerio Público va a continuar y los jueces determinarán si estas personas son culpables o no".

Por otra parte, no descartó que se puedan retirar otras querellas que están en carpeta, esto debido a que aún no tienen en sus manos todos los antecedentes. 

Prisión preventiva

La Ministra de Justicia también se refirió a los problemas estructurales que existen relacionados a la prisión preventiva, cautelar en la que han estado por un largo tiempo muchos de los imputados por los delitos del estallido social. Ríos afirmó que han sido los mismos "tribunales los que han descartado las acusaciones, y luego han liberado a las personas".

"Tenemos problemas que tenemos que enfrentar de condiciones carcelarias. Tenemos un problema más estructural respecto a la prisión preventiva", expresó.

Además, especificó que en este contexto se debe entender que dichos delitos ocurrieron en un periodo excepcional y que por lo tanto requieren medidas excepcionales.

"Nosotros queremos poner un foco particular respecto a la necesidad de entender el estallido como un periodo excepcional en la historia del país (...) ocurrieron un conjunto de desórdenes que no son habituales, no era delincuencia común, nosotros pensamos que este hecho causo enormes heridas en la sociedad", detalló la autoridad.

Y concluyó: "Nosotros íbamos a apoyar el proyecto de indulto que estaba en el Congreso, nosotros estamos de acuerdo con ese proyecto y esperamos que prospere y vamos a buscar las formas en conjunto con los parlamentarios, para buscar la mejor fórmula posible para que este proyecto avance y estamos tomando medidas y no descartamos otras medidas".

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