La empresa estatal Codelco anunció una querella contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y su pareja Gonzalo Migueles, por el actuar de la exjueza en la causa que enfrentó a la cuprífera con el consorcio bielorruso Belaz Movitec.
La querella criminal acusa a Vivanco y Migueles en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; y también apunta contra los abogados Carlos Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos; además del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.
Codelco anunció que la acción judicial se basa en los antecedentes expuesto por el Ministerio Público en la formalización de los abogados Vargas y Lagos, y de Gonzalo Migueles Oteiza.
Según la empresa cuprífera las intervenciones descritas por el Ministerio Público coinciden plenamente con las irregularidades advertidas desde 2023 y que derivaron en sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones en favor del consorcio.
La querella describe lo ocurrido como un “patrón de comportamiento”, en el que la exministra de la Corte Suprema habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM.
Qué es la trama Muñeca Bielorrusa y por qué se acusa a Ángela Vivanco
En 2023 la ministra Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde se revisó un recurso por incumplimiento de contrato de parte de la empresa bielorrusa Belaz-Movitec SpA con la cuprífera estatal Codelco.
Si bien la Corte de Apelaciones de Copiapó había decretado que la compañía bielorrusa debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por el caso, la Tercera Sala de la Corte Suprema, encabezada por Vivanco, determinó Codelco debía pagar esa cifra a Belaz-Movitec.
El caso, por el que Codelco se comprometió a colaborar, entregando todos los antecedentes, podrían constituir delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho, según explicaron desde la fiscalía
