En Chile, las agresiones a figuras políticas han marcado la agenda pública en los últimos años. Desde incidentes en universidades hasta actos de violencia en plena vía pública, los políticos chilenos han sido objeto de diversas manifestaciones de hostilidad.
En 2018, el entonces ex diputado y candidato presidencial José Antonio Kast fue agredido en una universidad en Iquique, un incidente que generó controversia y debate sobre la libertad de expresión y los límites de la protesta política. Este hecho no fue aislado. Semanas después, un episodio similar ocurrió en Temuco, donde una casa de estudios fue escenario de actos violentos.
Las agresiones no se limitan a candidatos o figuras de un sector político específico. La ex Presidenta Michelle Bachelet fue escupida durante su campaña presidencial en Arica, mientras que el ex Presidente Sebastián Piñera fue mojado por una estudiante en el Patio de los Cañones en La Moneda. Incluso el ex Presidente, Gabriel Boric también ha sido víctima de agresiones, como el lanzamiento de una piedra que impactó a uno de sus asesores en la región de Coquimbo.
Estos incidentes han generado diversas reacciones en el mundo político y legal. Si bien muchos casos terminan en querellas, las penas por delitos de atentado contra la autoridad suelen ser bajas, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de las sanciones. Algunos parlamentarios han propuesto endurecer las penas y ampliar las medidas de protección a las autoridades, mientras que otros llaman a la cautela y a no restringir los derechos de manifestación y protesta.
En medio de este debate, la discusión sobre la gratuidad universitaria y el acceso a la educación se ha visto entrelazada con los actos de violencia. Algunos sectores políticos proponen impedir el acceso a la gratuidad a estudiantes condenados por actos violentos, una medida que ha generado polémica y controversia.
