Por Phillip Durán
Aunar criterios. Ese fue el objetivo de una reunión encabezada ayer por el fiscal nacional, Jorge Abbott, a la que asistieron los persecutores a cargo de las causas SQM, Corpesca y Penta, vale decir, Pablo Gómez, Emiliano Arias y Manuel Guerra.
En la cita se discutieron criterios y situaciones en las cuales, por ejemplo, solicitar prisión preventiva para los formalizados en este tipo de causas. Como ocurrirá este miércoles con el ex ministro y ex senador Pablo Longueira, quien será formalizado por delitos tributarios y cohecho agravado en el caso SQM.
La reunión convocada por Abbott se produce en medio del debate instalado en los días previos en torno al anuncio realizado por el fiscal Pablo Gómez en el sentido de que no se pedirá prisión preventiva para Longueira, decisión distinta a la adoptada por el Ministerio Público la semana pasada en el caso Corpesca, en que sí se solicitó dicha medida cautelar para el senador Jaime Orpis.
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Además, la semana pasada, Arias y Gómez se enfrascaron en una polémica pública, tras los dichos del primero en el sentido de que las evidencias que sustenta la acusación de cohecho contra Longueira estaban en poder de la Fiscalía desde 2015, varios meses antes de que se pidiera su formalización. “En realidad nosotros damos eso por superado, porque en definitiva lo que nos importa es tener todas las coordinaciones, que respondan a parámetros similares, idénticos, particularmente estos casos Penta, Corpesca y SQM”, dijo a T13 la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
En este contexto, la fiscal indicó que “interesa sobremanera a la institución, al Fiscal Nacional, establecer parámetros súper objetivos y que manejemos los mismos criterios. O sea, que no salgan en SQM personas con una determinada salida que, de haber estado en la otra investigación, habrían tenido una salida distinta, más gravosa o más beneficiosa. Tenemos que fijar esos estándares y en eso estuvimos en la mañana”.
“El fiscal nacional no puede dar instrucciones particulares pero puede dar criterios generales. El ha pedido que se establezcan estos criterios jurídicos a aplicar en todas las investigaciones, sin nombre. Por ejemplo, en esta situación, tenemos el delito de boleta falsa, por tal monto, bueno, la salida va a ser ésta”, agregó.
Así, Herrera explicó las diferencias entre los casos de Longueira, Orpis y del ex subsecretario Pablo Wagner, formalizado en el caso Penta. En los dos últimos, el Ministerio Público pidió prisión preventiva.
“Se comparan mucho las situaciones de Longueira y Orpis, porque parecieran -en términos de opinión pública- similares y la verdad es que son bien distintas”, sostuvo Herrera.
“En el caso de Longueira, se le van a imputar cinco delitos de cohecho, y eso significa que hay un cohecho reiterado y que por lo tanto tendrá que aumentarse la pena, pero únicamente respecto de delitos de cohecho y no otro tipo. También tiene delitos tributarios en carácter de reiterado, pero también tienen una pena que va de tres años y un día a cinco años. Esto, sin considerar las atenuantes que puedan concurrir en el caso de Longueira. Desde ya, nosotros podemos reconocer que él tiene una irreprochable conducta anterior. En concreto, a su respecto, estamos en la posibilidad de poder pedir como máximo las penas de 3 años y 1 día hasta 4 años”, explicó Herrera.
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En este caso, añadió, “bajo los 5 años está asociado a penas sustitutivas a la privación de libertad. En el caso de Longueira, considerando la reiteración de delitos sí podemos llegar a cinco años, pero no salimos de ese margen. Ese siempre es el tope. Ahí hablamos de penas como libertad vigilada, penas sustitutivas”. En ese caso, dijo Herrera “si vamos a tener -en el mejor de los casos, por decirlo de alguna manera- una pena en libertad, no se justifica pedir prisión preventiva”.
La diferencia con Orpis
En el caso de Orpis, sostuvo la fiscal Herrera, “tenemos cohecho y delitos tributarios. La diferencia es que son 75 delitos de cohecho, de dos modalidades. Y además él está acusado de fraude al fisco, y eso modifica mucho la situación. Porque es el que tiene la pena más alta de las tres figuras que se le imputan”.
“También hay una norma especial que nos dice que tratándose de reiteración de delitos de la misma especie, entre los que está el cohecho y el fraude al fisco, porque ambos son hechos de corrupción que en definitiva atentan contra el bien jurídico de la probidad pública, en ese caso, la pena se puede aumentar hasta en dos grados. Con Orpis estamos hablando -con atenuantes, que son irreprochable conducta anterior- de pena que partiría en 10 años y un día. Y eso en términos bastante matemáticos de simple aplicación del código penal, no es más que eso. No es una obsesión que tengamos con el tema, sino que simplemente constituye la aplicación de las normas vigentes hasta ahora”, indicó Herrera.
En el caso de Wagner, la fiscal señala que además de delitos tributarios y cohecho, el ex subsecretario fue acusado de lavado de activos, “lo que modificaba” las penas posibles.
La presión “no es conveniente”
La fiscal Herrera señala que pese al debate instalado en torno a supuestas diferencias de criterio por parte de la Fiscalía en distintos casos, “para nosotros existe la tranquilidad de que tenemos, hemos procurado tener un actuar súper coherente en todo tipo de investigación pero particularmente en esta, temas sensibles para la comunidad. De manera que no se puede decir que nosotros aplicamos una lógica o un rigor distinto dependiendo de las personas de que se trate. No son las personas, son las situaciones. Son las conductas las que nos modifican la actitud que tenemos y la posición que asumimos”.
En ese sentido, consultado sobre la presión que existe sobre la Fiscalía, señala que “claramente no es conveniente”.