Ante los reparos que despertó la propuesta del Ejecutivo que busca que instituciones de salud, previsionales y educaciones entreguen información sobre migrantes irregulares, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró que aquello solo aplica "cuando se verifica un proceso de expulsión".
En conversación con Tele13 Radio, Pavez fue consultado sobre la iniciativa y explicó que "la expulsión administrativa es un procedimiento administrativo y por lo tanto está sujeto a formalidades y a pasos. Todo proceso de expulsión parte con una notificación personal que se encuentra en el domicilio que las personas que van a ser expulsadas le dan al Estado de Chile".
Sin embargo, el subsecretario señaló que existe un problema para concretar el proceso y es que "cuando nosotros queremos notificar y empezar a echar andar el proceso, las personas muchas veces cambian su domicilio y no tenemos cómo continuar el procedimiento".
Es por ello que se acude a las instituciones mencionadas, a quienes les solicitarían información con la finalidad de "saber dónde están las personas para poder materializar los procedimientos de expulsión".
Pavez fue enfático en aclarar que aquello solo se realizaría "cuando se verifica un proceso de expulsión. Solo en ese caso, la autoridad competente para llevar adelante ese procedimiento, que es la Policía de Investigaciones o el Servicio de Migración, cada uno dentro de sus competencias, cuando se haya abierto un proceso contra una persona, va a poder oficiar reservadamente a cualquier institución del Estado o previsionales, de educación y salud, público o privado"
Añadió que la información que obtengan "es para hacerle las notificaciones respectivas" y "aquí no hay una obligación de reporte ni de denuncia. Eso no es así, nunca ha sido así. No está en el texto".
También te puede interesar
