Hasta el Congreso llegó este miércoles el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, para participar de la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y dar explicaciones sobre los casos de reunificación familiar que se concretaron durante su periodo y fueron alertados como eventual tráfico de menores.
A la sesión acudió también la contralora Dorothy Pérez, quien expuso el informe final del organismo fiscalizador respecto a esta materia. El documento advierte de incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar.
Se trata de la versión completa del ya filtrado pre informe de la Contraloría, que generó un despliegue de los distintos poderes del Estado y levantó una alerta a nivel nacional. Sobre esa difusión, Thayer planteó ante los diputados que no ha visto "un acto de irresponsabilidad pública y de cobardía política más grande que ese desde el retorno a la democracia en Chile, porque no solo expuso a menores de edad, sus datos personales, sino que además expuso la propia investigación y a la sociedad a una alarma pública absolutamente desmesurada e injustificada".
Asimismo, acusó que ha existido "una desmesura enorme respecto del tratamiento de un tema que requiere la máxima racionalidad y rigor en la información" y que se han dicho "cuestiones públicamente que luego se han descartado con una impunidad y una irresponsabilidad por parte de actores políticos y comunicacionales".
El exdirector, además, abordó las acusaciones en su contra y defendió que se priorizó el interés superior del niño y que actuaron conforma a la ley y normativa.
Los argumentos de Thayer
Ante la comisión, el exdirector de Migraciones planteó que "no es fácil lidiar en la realidad de la administración pública con contradicciones que tiene la ley" y estas, indicó, se dieron al momento de emitir el memorándum que flexibilizó las exigencias para concretar las reunificaciones familiares.
"El interés superior del niño choca en la propia Ley de Migración y Extranjería con, por ejemplo, la posibilidad y la obligación de regularizar a niños sin documentos de identidad. La ley lo establece, hay una tensión importante, jurídica, en términos de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documentos y la obligación, al mismo tiempo, de regularizarlo", manifestó.
De acuerdo con Thayer, existe una tensión en la práctica y es la dirección del Servicio Nacional de Migraciones la que "debe evaluar y ponderar con criterios técnicos, jurídicos pero también morales".
En esa línea, defendió que "la determinación que tomamos respecto del Memorándum N°1886 en cuanto al trámite de la legalización del documento, que no exime del documento, se fundamenta en argumentos legales que sostenemos y vamos a sostener en las instancias que quedan por delante y en los sumarios que se aperturen".
"Vamos a defender nuestros argumentos que no solo están en la defensa del interés superior del niño, en la obligación de defenderlo, sino también en las facultades que otorga el estatuto administrativo a las jefaturas de servicio", afirmó.
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