Tras una reunión entre miembros de la Unión Demócrata Independiente (UDI) durante este miércoles, el partido gremialista emitió un comunicado en el que abordaron la eventual presentación de una acusación constitucional por parte de la oposición, en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de las rebajas de penas para condenados por delitos sexuales.
En el texto, manifestaron que no existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen esta acción en contra del titular de Justicia y llamaron a actuar con responsabilidad.
"En lugar de actuar con la responsabilidad y seriedad que exige un asunto de esta gravedad, las bancadas de extrema izquierda, junto con los partidos del Socialismo Democrático que se dejaron arrastrar por su imprudencia, han optado por impulsar una ofensiva política que sólo viene a reflejar un total desprecio por el sufrimiento de los menores y sus familias que han sido víctimas de los crímenes más horribles y deleznables que se pueden cometer contra la infancia", manifiestan en el comunicado.
"La AC ha sido postergada ante la evidente falta de mérito"
En el comunicado, la UDI sostiene que la acusación constitucional anunciada por la oposición "cuya presentación ha sido postergada ante la evidente falta de mérito y fundamento jurídico, puede convertirse en una de las actuaciones más mezquinas y deplorables de un sector de la política chilena, que no ha tenido ningún miramiento en instrumentalizar el dolor ajeno con el único propósito de infligir un daño político al gobierno del Presidente Kast".
En esa línea, sostienen que "esto queda demostrado cuando el representante del Partido Comunista vota en contra de la ley para que nunca más pueda salir en libertad un violador de menores".
Llamaron a no usar a los niños para conseguir réditos políticos y que el fin no justifique los medios. Aseguraron que "se ha vuelto habitual que la izquierda actúe de esta manera, siendo los partidos del socialismo democrático como verdaderos vagones de cola".
Por último, llamaron a todos los sectores políticos a evitar apoyar una acción "cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada por su falta de fundamentos jurídicos. El sufrimiento de las víctimas merece respeto y soluciones concretas, no ser utilizado como una herramienta de confrontación para perjudicar al Gobierno", concluyeron.
