La arista bielorrusa juntó por primera vez a dos imputados claves en este tentáculo del Caso Audio: la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y el exdiputado DC Gabriel Silber, a quienes se le comunicaron delitos reiterados de cohecho y soborno, además de lavado de activos.
La exjueza ya había sido formalizada por estos antecedentes y en esta jornada se precisaron algunos hechos al igual que al resto de intervinientes: Eduardo Lagos, Mario Vargas, Gonzalo Migueles, Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro. Mientras que en el caso del abogado Silber fue su primera asistencia ante un tribunal de justicia por esta trama de corrupción judicial.
El exparlamentario no fue incluido en la primera etapa de imputaciones, ya que había cerrado un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, el cual comenzó a ejecutarse en esta audiencia: tras la comunicación de la Fiscalía, el abogado quedó con medidas cautelares de baja intensidad y encaminado para cerrar un juicio abreviado.
“El hecho de que se decretara arresto total domiciliario para nuestro representado es el resultado de la estrategia trazada por esta defensa y se da en un contexto de colaboración con el Ministerio Público”, comentó a Reportajes Teletrece, Susana Borzutzky, abogada de Silber.
Bajo ese contexto, deslizó que la negociación con la Fiscalía es una decisión procesal que no admite responsabilidad, ya que “ni los hechos ni la participación de nuestro representado se encuentran acreditados”.
El “lava jato” de la arista bielorrusa
En la extensa jornada de esta mañana, el Ministerio Público precisó los cinco hechos de pagos irregulares referentes a los dineros que llegaron a la exministra Ángela Vivanco por haber–supuestamente–favorecido los intereses de la empresa Belaz Movitec ante una controversia con Codelco por un contrato millonario que terminó en tribunales.
En esa lógica, la causa que dirige la fiscal regional de Puerto Montt, Carmen Gloria Wittwer, determinó que “como consecuencia de los delitos de soborno” cometidos por los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber se habrían obtenido dineros ilícitos por un monto de $1.087.952.876.
Una cifra, que los imputados habrían escondido bajo diversas “maniobras de lavado de activos”.
Por ejemplo, una vez que Codelco pagó los fondos–instruidos por los fallos de la Corte Suprema–al consorcio Belaz Motivec en julio de 2023, la empresa de origen bielorruso transfirió y giró cheques por $683.195.680 a sociedades vinculadas a los imputados Lagos, Vargas y Silber. Lo que se hizo bajo un esquema de “operaciones fraccionadas y que implicaron la mezcla de dinero en las cuentas corrientes respectivas”, sostuvo el Ministerio Público.
Así, el 12 de julio de 2023, Movitec giró un cheque al estudio jurídico de los imputados mencionados por $10 millones. Ese mismo día, la operación bancaria se repitió con $7 millones adicionales.
Doce días después, el consorcio bielorruso destinó dos abultados cheques a la sociedad de Lagos, Vargas y Silber: a la cuenta corriente llegaron fondos por $545.069.193 y $121.126.487, de acuerdo a las diligencias del OS.7 de Carabineros.
“Con este dinero, los imputados procedieron a efectuar maniobras destinadas a usar con ánimo de lucro y ocultar el origen ilícito de los fondos, mezclando con otros dineros”, se lee en la minuta de formalización a la que tuvo acceso Reportajes Teletrece.
La investigación determinó que de esos más de mil millones, unos $393.800.000 se giraron en efectivo desde sucursales bancarias, los cuales se "procedieron a invertir en instrumentos financieros, para luego rescatarlos y hacerlos circular entre los imputados directamente, a través de sociedades relacionadas".
Los imputados, además, habrían destinado $180.000.000 para incrementarlos mediante fondos mutuos y así repartirlos de "forma fraccionada".
De acuerdo al Ministerio Público, Gabriel Silber recibió el 3 de agosto de 2023–en su cuenta corriente del Banco BCI–, cuatro transferencias efectuadas por el estudio de sus exsocios, por un total de $25 millones.
El exdiputado destinó $20 millones para invertir en depósito a plazo, mientras que la totalidad del saldo restante lo derivó a pagos, compras y otras deudas, dejando su cuenta con sólo $101.616 disponibles, según el análisis de los policías especializados.
“Lo anterior implica el ocultamiento del origen ilícito de los bienes (...) con el objetivo de desligarlos del delito base e integrarlos en el sistema económico. A su vez, se trata de uso con ánimo de lucro, teniendo en consideración que se pagaron deudas, que implican una disminución del pasivo”, aseguró la Fiscalía de Puerto Montt.
Una causa que vive momentos decisivos con diligencias pendientes solicitadas por los querellantes y defensas. En esa línea, la que más interesa–según sostuvo la Fiscalía–es la declaración de Antonio Saavedra, exasesor de Gabriel Silber en el Congreso, quien ejerció como abogado del consorcio bielorruso.
