Como una paradoja, la Ley 21.575 fue nombrada “Ley Anti-Narco”.
La norma que buscaba enfrentar al crimen organizado también incluyó la autorización del uso de medicina cannábica para tratamientos médicos y de paso bajar la persecución penal contra los pacientes que plantaban sus propias matas de marihuana. Tras una larga discusión, fue aprobada en 2023 y promulgada por el Presidente Gabriel Boric, bajo la lógica de enfrentar también las actividades ilícitas del tráfico de drogas.
Con esto, se validó a cualquier médico recetar un tratamiento en base al consumo de cannabis tras diagnosticar una enfermedad como trastornos del sueño, ansiedad e incluso bruxismo.
Y lo que buscaba combatir al narcotráfico, al parecer, provocó un efecto contrario. La falta de un reglamento claro y la presencia de vacíos legales permitió que un grupo de empresarios viera esto como un negocio–que ellos mismos monetizaron en millones de dólares–, terminando de la peor forma: más de 50 detenidos, agentes encubiertos infiltrados en el Dispensario Nacional y múltiples predios de cultivos clandestinos de marihuana sin la autorización del Servicio Agrícola Ganadero.
Todo bajo una indagatoria secreta del Ministerio Público y el OS.7 de Carabineros en el marco de los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.
Así, el Dispensario Nacional–la corporación autorizada para entregar los medicamentos para los tratamientos médicos–quedó intervenida por la policía tras los allanamientos del jueves 13 de agosto pasado en su casa matriz de Las Condes.
En esa revisión, además de la droga incautada con altos niveles de THC, el OS.7 se llevó documentos, recetas médicas y registros de los pacientes. Entre esos 16 mil usuarios–según pudo conocer Reportajes Teletrece–, figuraron en un listado de 2025 cuatro diputados y diputadas en ejercicio y otro congresista que estuvo dos períodos en el parlamento y dejó su escaño en marzo pasado. Además, estuvo inscrito un miembro de la convencional constituyente del primer proceso en 2021.
Para llegar a esa posición, de acuerdo a la normativa, las representantes políticos debieron acudir a un médico para que analice la enfermedad que estarían padeciendo y tras la revisión de exámenes, sugerirles un tratamiento en base a cannabis con gramaje mensual.
Esas dosis figuraron entre 20 a 65 gramos cada diagnóstico, según lo recetado.
Hasta ese paso no se percibe ningún inconveniente. Pero se abren varias preguntas sobre la transparencia que los parlamentarios debieron asumir al tramitar leyes que les afectan directamente en la lógica de una temática altamente controvertida.
¿Debieron informar esta situación a la Corporación?, ¿Es válido que estén sometidos a un tratamiento a base de marihuana, cuando están tramitando o liderando iniciativas que buscan legalizar el consumo de la cannabis? o algo más complejo: ¿debieron inhabilitarse de votar el requerimiento para que el Presidente de la República se haga un test de droga?
Reportajes Teletrece consultó a los representantes políticos, pero optaron por no emitir una versión sobre su vínculo con el Dispensario Nacional. El objetivo de tener sus respuestas era poner a disposición del debate público los potenciales conflictos de interés que emanan de un tema que siempre ha generado discusión en la ciudadanía. Más aún, tras los operativos de “Imperio Ámsterdam” que desnudó el mal uso de la nueva Ley.
