“Un momento salí del edificio y Nicolás estaba hablando por teléfono, moviendo las manos, muy alterado, y no me vio que iba camino hacia él, me acerco y al ver que estaba ahí, cortó la llamada, le pregunté con quién estaba hablando y me dijo que era con su tía”.
Ese es uno de los pasajes de la declaración que prestó la funcionaria de Interior que denunció a Manuel Monsalve, en una causa donde se investiga a un ciudadano uruguayo –de nombre Nicolás Silva Tagliabué- por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y por intentar vender material íntimo de la mujer a medios de comunicación.
En esa causa, María Elena Santibáñez –abogada de la funcionaria– presentó una querella en contra de Nicolás Silva y de Maximiliano Sepúlveda Gómez, un ciudadano chileno que habría actuado en coordinación con el uruguayo.
Pero no solo eso. La penalista, quien se especializa en delitos sexuales, solicitó en el escrito que se curse una instrucción para tomar declaración a Víctor Providel, abogado defensor de Monsalve, por presuntas comunicaciones y eventuales reuniones con los dos imputados.
“De los antecedentes de la investigación se desprende la existencia de comunicaciones, y eventuales reuniones, entre funcionarios de la Defensoría Penal Pública (DPP), particularmente, entre el defensor del Sr. Monsalve, don Víctor Providel Labarca y el coimputado Sepúlveda Gómez, en las que se habrían coordinado reuniones con periodistas y compartido contactos de medios de comunicación para materializar la difusión del material, todo ello sin el conocimiento ni consentimiento de nuestra representada”, se lee en el escrito.
Ayer lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía resolvió suspender la preparación del juicio oral contra el exsubsecretario y estableció como nueva fecha el 3 de marzo del próximo año.
Al ciudadano uruguayo se le ha intentado formalizar en dos oportunidades, pero en ambas no se ha presentado. Fuentes de Reportajes Teletrece comentan que ha sido imposible dar con su paradero, por lo que se despachará una orden de detención en la próxima audiencia y se oficiará Interpol. En la investigación, Víctor Providel se mantiene como imputado.
Desde la Defensoría, consultados por Reportajes Teletrece, señalaron que "sobre la presentación de la querella, hasta el momento no hemos sido notificados de la misma, la cual habría sido interpuesta por la abogada María Elena Santibáñez", respondió Sandra Haro, jefa de estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte.report
El relato de la víctima
Según la querella, la denunciante conoció al uruguayo Silva Tagliabúe el 21 de febrero de 2025, ambos coincidieron en un local nocturno del barrio Bellavista. Allí intercambiaron contactos y, semanas después, iniciaron una relación sentimental y empezaron a convivir.
El escrito sostiene que rápidamente la relación escaló en violencia por parte del uruguayo. “El imputado comenzó a manifestar una conducta hostil hacia ella, que se exteriorizó en actos de violencia física, reiteradas amenazas de atentar contra su integridad y vida, así como de denostarla públicamente aprovechándose del conocimiento que había adquirido sobre los hechos investigados”, detalla el documento.
La acción penal describe varios hechos violentos y otras conductas que, a juicio de la querellante, constituyen los delitos de amenazas, lesiones, daños simples, difusión de imágenes privadas, chantaje y uso malicioso de tarjeta de débito.
Apuntan al rol de Providel
De acuerdo con antecedentes revisados por Reportajes Teletrece, Maximiliano Sepúlveda entabló contacto con Víctor Providel a través de otro defensor público, de nombre Eduardo Vargas Sotomayor, quien tenía una oficina en el mismo edificio donde trabaja Sepúlveda.
En la investigación –que dirige el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales– fueron incautados los teléfonos del uruguayo y su cómplice chileno, y fue en el teléfono de este último donde se detectaron conversaciones con Víctor Providel. “¿Noticias de nuestro corresponsal en el norte?”, preguntó el defensor en una de las conversaciones reveladas por Mega Investiga.
“Resulta relevante señalar, adicionalmente, la presunta participación de funcionarios de la Defensoría Penal Pública en estos hechos, quienes podrían haber colaborado activamente con los imputados para promover la difusión de los registros privados de la víctima a medios de comunicación, a fin de perjudicar su imagen y afectar la tramitación de la causa el Sr. Monsalve Benavides”, dice la querella.
Según la misma fuente, la participación de funcionarios de la DPP “queda de manifiesto en que, con fecha 28 de abril de 2025, el imputado Silva Tagliabúe informó a nuestra representada que había sido contactado por un profesional de la DPP de nombre Eduardo Vargas Sotomayor, presuntamente vinculado con la defensa del Sr. Monsalve en la causa paralela”.
Por esa razón, la abogada María Elena Santibáñez advirtió en la querella que “se reservan expresamente el derecho de ampliar la presente querella respecto de otros autores o partícipes, una vez que se determine con precisión su grado de intervención en los hechos”.
La acción judicial, además, solicita que se cite a declarar en la “calidad procesal” que se determine por la Fiscalía a los funcionarios de la Defensoría Penal Pública: Eduardo Vargas Sosotomayor y Víctor Providel Labarca.
El Ministerio Público, en paralelo, afina la audiencia del próximo 26 de octubre en la que baraja varias alternativas para ubicar al ciudadano uruguayo, imputado en esta causa derivada del caso Monsalve.
