Eran las 17:20 horas del martes 14 de julio pasado. Mientras el frente de mal tiempo azotaba al sur del país, la Policía de Investigaciones llegaba hasta el Destacamento de Montaña Número 8 Tucapel del Ejército para detener a uno de los soldados conscriptos.
Las diligencias de la “Operación 3D”–que investiga una amplia red de tráfico de armas–llegaban hasta La Araucanía en busca de uno de los imputados que fueron identificados comercializando armamento por diversos grupos de Telegram.
Reportajes Teletrece, tuvo acceso a detalles exclusivos, de esta pesquisa en la que se detectó a más de 50 personas vendiendo todo tipo de armamentos: desde pistolas convencionales hasta explosivos tipo mineros con sus respectivos cargadores, además de armamento denominado “fantasmas”, cuyos aparatos eran creados con impresiones 3D.
Así, la PDI llegó al regimiento Tucapel para capturar al conscripto O.A.J.S.–el Juzgado de Garantía de San Bernardo ordenó no entregar la identidad–quien participaba del grupo encriptado “Gatilleros de Norte a Sur”.
El soldado fue "atrapado" por un agente encubierto, con quien inició una negociación de venta de armas de fogueo adaptadas y municiones de alto calibre, cuyas conversaciones “comprobaron” su presunto rol en esta organización de tráfico de armas.
“Todo está a la venta”, era la descripción de una de las fotos que compartió al grupo en que exhibía un importante arsenal.
En la investigación, también levantaron conversaciones en que el soldado solicitaba consejos de ocultamiento para poder recibir una escopeta mediante empresas de encomiendas.
Fue de esa manera que recibió una respuesta de “TUKI F”, otro de los imputados, quien le sugiere “envolver el arma de fuego en aluminio y que el contenido sea declarado como otro objeto” con la finalidad de no ser detectado como una actividad ilícita.
Según el informe policial, el imputado cumplía funciones de revendedor de elementos comercializados como “municiones de alto calibre de uso bélico, elementos que podría estar sustrayendo desde las dependencias del Ejército en su calidad de soldado conscripto”.
La detención de O.A.J.S fue en presencia de un funcionario de Inteligencia y un fiscal militar de la institución castrense, quienes velaron por los registros a su pieza y la decisión de no declarar del imputado ante los detectives.
Carabinera es investiga por cohecho: recibía pagos por entregar información policial
En medio de esta red de tráfico de armas, los agentes encubiertos de la PDI se toparon también con la participación de una cabo de carabineros activa.
Se trata de R.H.M, de dotación de la 18°Comisaría de Ñuñoa, quien tenía 11 años en la institución. La mujer policía no tenía un rol en el tráfico de armas, sino que se descubrió que ella entregaba información obtenida del sistema institucional.
De acuerdo al Ministerio Público, la funcionaria cobraba entre $9 mil a $20 mil por cada revisión, con lo que llegó acumular más de $350 mil. De esta manera, se habría configurado el delito de cohecho al menos desde diciembre de 2024.
¿Cómo fue descubierta?
Uno de los agentes encubiertos detectó en el grupo “Emoticones de Diablo” de Telegram a un sujeto–apodado “J Armero”–que pedía información para encontrar a un supuesto comprador que lo habría defraudado en un negocio y habría obligado a eliminar un chip de teléfono.
Así, el “Hampa”–otro de los miembros–avisó que tenía “contacto” con un funcionario activo de Carabineros que le facilitaba ese tipo de información previo a un pago. Para comprobar lo que decía, el imputado envió pantallazos con rostros de personas anteriormente requeridas.
Eso derivó en que el sujeto depositara los nueve mil requeridos para obtener la información "sensible" y "reservada" que necesitaba.
Con estos antecedentes, la cabo fue detenida el jueves 16 de julio pasado a las 20 horas mientras cumplía su turno en la comisaría. Acción que fue observada por personal de Asuntos Internos que acompañaron en las diligencias a los detectives.
