Los usuarios habían desactivado la función de geolocalización de sus dispositivos porque no querían ser rastreados, pero Google de todas formas conocía su ubicación.

Ahora la empresa estadounidense llegó a un acuerdo con las autoridades de decenas de estados en EE.UU. para pagar US$391,5 millones para zanjar una controversia sobre la manera en cómo recolecta datos de sus usuarios.

Se trata del mayor acuerdo logrado con varios estados relacionado a temas de privacidad en la historia de EE.UU.

El gigante tecnológico era señalado por los fiscales generales de 40 estados del país que le acusaban de seguir rastreando a usuarios que habían desactivado los servicios de geolocalización en sus dispositivos.

Un funcionario de Google dijo que la investigación se basaba en "políticas de productos obsoletas" que cambiaron hace años e indicó que el acuerdo al que llegaron para cerrarla era "consistente" con las mejoras que la compañía había realizado en los últimos años.

El mes pasado, Google acordó pagar a Arizona US$85 millones por problemas similares relacionados con la forma en que recopila datos de localización de los usuarios.

Ahora le queda un caso pendiente sobre el tema en los tribunales estadounidenses, luego de que Texas, Indiana, Washington y el Distrito de Columbia iniciaran acciones legales contra la compañía en enero.

"Engañando a los consumidores"

Conocer la ubicación de un usuario ayuda a los anunciantes a orientar las campañas para promover sus productos.

Y los servicios de ubicación ayudan a Google a generar US$200.000 millones en ingresos publicitarios anuales.

La fiscal general de Oregon, Ellen Rosenblum, quien dirigió el caso, junto con el fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, dijo: "Durante años, Google ha priorizado las ganancias sobre la privacidad de sus usuarios. Ha sido astuto y engañoso".

"Los consumidores pensaban que habían desactivado sus funciones de seguimiento de ubicación en Google, pero la compañía continuó registrando en secreto sus movimientos y usando esa información para los anunciantes", agregó.

Los fiscales generales dijeron que Google había estado engañando a los consumidores desde al menos 2014, violando las leyes estatales de protección al consumidor.

Además, instruyeron a la compañía a que mejore significativamente los controles de usuario y la forma en que divulga el seguimiento de la ubicación a partir de 2023.

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