Corte confirma liberación de seis excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal
Errores del Ministerio Público obligaron a la justicia a cambiar las medidas cautelares de seis excadetes de Cobreloa imputados por una presunta violación grupal.
Según informó La Tercera, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó que los jóvenes dejarán la cárcel y cumplirán arresto domiciliario total, luego de constatarse que el fiscal a cargo del caso no había entregado todos los antecedentes investigativos a las defensas de los acusados, como exige la ley.
La causa se remonta a 2021, cuando una joven denunció haber sido víctima de violación por parte de un grupo de cadetes del club de fútbol. Tenía 18 años en ese entonces. Aunque el caso se cerró tras un desistimiento inicial, fue reabierto luego de detectarse una serie de irregularidades.
"Aquí no cobrarás un peso más": las violentas amenazas de dominicanos contra dueño que intentó recuperar su casa en Independencia
Pérdida de evidencia clave y entrega incompleta de la carpeta investigativa
Con la reapertura dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, se detuvo a nueve jugadores en distintas ciudades del país. Sin embargo, durante el desarrollo de la causa surgieron problemas graves: desde la pérdida de evidencia clave, como el vestido que usaba la denunciante el día de los hechos, hasta condiciones privilegiadas en la prisión preventiva para algunos imputados.
Ahora, a días de que comience el juicio oral, se sumó un nuevo episodio crítico. El juez Sergio Rojas, quien dirigió la audiencia del 26 de agosto en el Juzgado de Garantía de Calama, señaló que la Fiscalía, representada por el fiscal Eduardo Peña, no entregó a tiempo todos los documentos de la carpeta investigativa, afectando el derecho a defensa de los acusados.
Como consecuencia de esa omisión, se suspendió la audiencia de preparación del juicio, reprogramada para el 29 de septiembre, y se aceptó la solicitud de los abogados defensores para modificar las medidas cautelares de seis imputados. El argumento central fue que habían estado en prisión preventiva desde mayo de 2024, lo que se volvió desproporcionado considerando los errores del proceso.
Aunque tanto la Fiscalía como la parte querellante apelaron de forma verbal, la Corte de Apelaciones consideró inadmisible la presentación del Ministerio Público y ratificó el cambio de cautelares.
La molestia hacia la Fiscalía también obedece a un antecedente importante: en meses previos, cuando las defensas recurrieron de amparo, la misma Corte ya había instruido que se entregaran todos los documentos. Pese a ello, esa orden no fue completamente acatada. Algunas de las partes intervinientes evalúan nuevas acciones legales contra el ente persecutor.
Conducta "poco diligente" del Ministerio Público
En el acta del 26 de agosto, el tribunal dejó constancia de que la carpeta investigativa no se presentó de manera íntegra ni el 30 de mayo de 2025, cuando se presentó la acusación formal, ni en julio durante la audiencia de sobreseimiento.
Solo entre el 22 y el 25 de agosto se adjuntó un informe que, según el juez Rojas, aún estaba incompleto. Faltaban actas clave para la defensa, como reconocimientos y declaraciones que hacían alusión directa a la versión de la víctima. Sobre esto, el juez agregó:
“Lamentablemente se pudo constatar una conducta poco diligente por parte del Ministerio Público, que recién el día de hoy y durante esta audiencia termina de enviar todos los antecedentes, considerando que se trata de un informe policial y además declaraciones de testigos que hacen alusión directamente a la versión de la víctima. Son antecedentes relevantes que deben ser analizados por las defensas”.
Al justificar el cambio de medida cautelar, el tribunal destacó dos factores: la dilatación excesiva del proceso y la responsabilidad directa del fiscal en ese retraso. Así lo expresó el juez Rojas.
“Los elementos para determinar la razonabilidad del plazo que se desarrolla en un proceso son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación general de la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. (...) Luego, el motivo de esta dilación ha sido justamente la conducta del persecutor”.
Los seis excadetes ahora se mantienen con arresto domiciliario total, además de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima.
