Los argumentos de los diputados oficialistas que no apoyan la acusación contra Grau y de los que la respaldan

Argumentos en contra

Las razones del grupo de parlamentarios oficialistas que resolvió rechazar la acusación impulsada por sus aliados.

1) Evitar una “tercera temporada” de acusaciones. Es el eje de Diego Schalper (jefe de bancada de RN): “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”. Junto a un grupo transversal presentó una reforma para elevar de 10 a 20 las firmas requeridas y exigir 78 votos para aprobar un libelo en la Cámara.

2) Estabilidad del propio gobierno de Kast. Los opositores al líbelo sostiene que “el electorado de derecha se da cuenta de que llevamos tres meses de gobierno, y estrenar una temporada de acusaciones constitucionales le haría pésimo al gobierno del Presidente Kast

3) Falta de mérito jurídico del libelo. La exposición de la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña —referente en la derecha— pesó en RN: “El libelo no logra configurar responsabilidad constitucional (…) No existe ningún principio que estipule el deber de no errar en la estimación de los ingresos”. El constitucionalista Jorge Correa Sutil, de perfil DC, coincidió que el texto “se cae completamente” al imputar infracciones de ley.

4) Efecto Boomerang. Aun en sectores que comparten la crítica a Grau, prima el temor al precedente. Varios parlamentarios advierten que cuatro años de acusaciones recíprocas terminan “en un gasto de tiempo y de recursos públicos”. La principal amenaza ya se ventiló: la izquierda anticipó una eventual acusación contra el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, si erra en sus proyecciones”. A eso se suma que la acusación es contraproducente para el objetivo del gobierno de obtener votos opositores para el estratégico Plan de Reconstrucción en el Senado.

5) No se puede acusar por errores de proyección. El argumento técnico lo encarnó el expresidente del Banco Central y exministro Mario Marcel: “El tema de la acusación a un ministro de Hacienda por diferencias en proyecciones me parece extraordinariamente riesgoso”. Andrés Velasco fue más lejos y lo calificó de “tremenda frivolidad” que “debilita la democracia”.

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Argumentos a favor

Quienes impulsan y respaldan la acusación —los partidos acusadores, más la UDI, que se sumó como bloque— sostienen el libelo sobre cinco ejes:

1) Infracción objetiva a la ley, no una diferencia técnica. El núcleo jurídico invoca los artículos 3 y 5 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que contienen deberes de coordinación, unidad y consistencia. Los acusadores afirman que el problema “no es una mera divergencia técnica o de mérito político, sino una infracción objetiva al deber constitucional”.

2) “Son hechos aritméticos, no un juicio político”. La bancada republicana plantea que no se juzga la gestión de Grau, sino un error verificable. “No es un juicio político: son hechos aritméticos”, planteó el sector al anunciar la acción, denunciando “ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”.

3) La magnitud del daño fiscal. El diputado Benjamín Romero (Republicanos) graficó la escala: “Cuando hablamos de dos puntos del PIB de desvío, estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de dólares (…) un error de 50 hospitales públicos”. La diputada Chiara Barchiesi remató que “Chile no puede administrarse como una fiesta universitaria donde se pierde plata y nadie da explicaciones”. 4) Responsabilidad política. “Adherimos a esta acusación porque acá el que las hace, las paga”, agregando que los errores “asimilables a horrores financieros” no deben quedar impunes, señalaron parlamentarios republicanos. La UDI se alineó con ese argumento: Constanza Hube sostuvo que “hay mérito suficiente” para acusar por incumplir la ley.

5) Ocultamiento de información y falta a la probidad. El capítulo de probidad sostiene que hubo manipulación deliberada de cifras. Moreno apuntó contra quien “oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real para obtener réditos”, mientras el libertario Cristóbal Urruticoechea afirmó que Grau “no tiene la capacidad suficiente para administrar, para delegar o para simplemente contar la verdad”.

 

El equilibrio de La Moneda. El gobierno ha optado por una posición pública equidistante: ni patrocina ni frena la acusación.

• Consultado si el líbelo afectaría el trámite de la megarreforma en el Senado, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondió: “No tenemos temor. Si una acusación constitucional es fundada y una autoridad de Gobierno comete falta flagrante a la Constitución, queda expuesto a una AC”.
• Acto seguido, lanzó una advertencia. “Si caemos en una espiral de acusaciones, lo único que estamos contribuyendo es a desprestigiar la actividad política”.