Nuevos pilares. Una presentación realizada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel a fines de agosto mostró que de los actuales tres pilares (solidario, contributivo y voluntario) del Sistema de Pensiones de Chile, se pasará a cuatro:
- Pilar 1: Base Universal Garantizada. Corresponde al mecanismo de Pensión Garantizada Universal. El beneficio mensual máximo por ahora es $193.917. La reforma podría incluir un alza hasta $250 mil. Se financia con las rentas generales de la Nación (impuestos).
- Pilar 2: Individual. Este componente mantendrá el principio de capitalización personal, hoy gestionado por las AFP, con una cotización actual de 10%. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha dicho que subiría a 10,5%, debido a un previsto menor costo por comisiones.
- Pilar 3: Seguridad social. Este nuevo pilar se sustenta sobre una nueva cotización del 6%, con cargo al empleador. Se aplicará en forma gradual. Será un ahorro de capitalización colectiva.
- Pilar 4: Pilar Voluntario. Se mantendría el esquema actual, con el protagonismo del Aporte Previsional Voluntario (APV) y sus incentivos tributarios. Podría haber modificaciones para promover el APV Colectivo (APVC).
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Quién administra el 10% actual. El diseño en que piensa el Ejecutivo plantea la apertura de la gestión de fondos, donde podrán competir las actuales AFP (transformadas en gestores de inversión) y otros actores con giro único. Una entidad pública, sin embargo, quedaría como receptora por defecto de estos recursos, lo que será rebatido por la oposición.
De quién será el 6% extra. El nuevo 6% que pagarán los empleadores será uno de los nudos centrales de la discusión, comentó a Ex-Ante el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga (DC). El Gobierno propondrá que todo el 6% vaya a una cuenta de capitalización colectiva.
- El Ejecutivo planteará que todas las personas recibirán los beneficios de la rentabilidad. Sin embargo, la propiedad de esos recursos será colectivo, con “derechos” de las personas a recibir los beneficios según su grado de vulnerabilidad. Así, quienes reciben menores salarios tendrán en el futuro un aporte mayor proveniente de ese fondo colectivo, mientras que quienes perciben hoy mayores sueldos tendrán un menor porcentaje de ese retorno.
- La oposición en la derecha exigirá que el 6% se vaya íntegro a las cuentas individuales. En el oficialismo defenderán que Chile debe tener un “sistema se seguridad mixto”, tal como lo define la OIT, y que eso significa incluir la solidaridad inter e intrageneracional.
Heredabilidad. Las encuestas reflejan que las personas desean que los ahorros de los trabajadores sean heredables. Fue uno de los aspectos más polémicos de la fallida propuesta de Constitución de la Convención Constitucional.
- Cuando un trabajador muere, puede dejar una pensión de sobrevivencia a sus cargas (cónyuge e hijos hasta determinada edad). Habitualmente la herencia se activa cuando ya no hay cargas legales.
- La propuesta de Boric permitiría la herencia para la parte de capitalización individual (hoy 10%), ajustada con una nueva modalidad única de pensión (rentas vitalicias). No se aplicaría a la parte del 6%, por corresponder a seguridad social.
Rentas vitalicias. El diseño de la propuesta excluye el retiro programado como una modalidad de pensión. Se trata de un esquema mediante el cual la persona asume el denominado riesgo de longevidad; es decir, acepta que los montos sigan administrados por la AFP y recibirá una pensión que se estima decreciente en el tiempo, hasta la total extinción de los recursos. Si fallece y no hay cargas legales, lo que queda de sus fondos constituyen herencia.
- La otra modalidad prevalente es la de rentas vitalicias. En ese caso, es la compañía de seguros la que asume el riesgo de longevidad del afiliado. La persona recibe una pensión estable, en UF, hasta su muerte, y deja una pensión de sobrevivencia a sus cargas. Dado que sus fondos ya no le pertenecen (pues se los “vendió” a la compañía de seguros a cambio de una pensión vitalicia), no deja herencia. El Gobierno diseña un esquema donde se deje una reserva que se asimile a una “herencia” a ojos de la opinión pública.
Comisiones. Dado que se prevé la transformación de las actuales AFP a gestoras de inversión, y además ingresará un nuevo actor público tanto encargado de invertir como de gestiones las cuentas (que sería el IPS), también hay modificaciones en la manera en que todos los actores cobran por su trabajo.
- Actualmente el sistema de AFP funciona sobre comisiones por “flujo”. El “flujo” significa que cada mes la persona paga un porcentaje de su salario, con ciertos topes, a la AFP que maneja su 10%. Este cobro es el principal sostén de los ingresos de las AFP.
- Ahora se pasaría a una comisión por “saldo”: el pago de los gestores de inversión se obtendría como un porcentaje de los fondos que administran. Ya ocurre así con el APV. La lógica detrás es de incentivos: si al fondo le va bien, al gestor también, dado que su ingreso está asociado a esa misma rentabilidad. No será necesario el encaje previsional.
Compensación a mujeres. El Gobierno presentará un mecanismo de compensaciones a los grupos más vulnerables. El más importante corresponde a las mujeres, que debido a su mayor cantidad de lagunas previsionales, menores salarios promedio y más longevidad, tienen una peor pensión que los hombres.
- Entre los instrumentos para corregir esa vulnerabilidad está el diseño de una tabla de mortalidad unisex. Ese mecanismo permite calcular la pensión a partir de la sobrevida esperada de un jubilado; si es unisex, ahora se “promediaría” la expectativa para hombres (menor) y mujeres (mayor), lo que beneficiaría a las pensionadas. Ese cambio generará desde ya un incremento sustantivo en los montos de las mujeres.
- A ello se sumarían otras medidas compensatorias incluidas en el pilar de seguridad social con el 6%, que privilegiaría a mujeres y personas a cargo de cuidados, entre otros grupos.
