Las secuelas de los despidos. En octubre pasado, se concreto la desviculación de casi la totalidad de los directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) que estaban en sus cargos desde el gobierno del ex Presidente Piñera. A esa fecha, solo se mantuvo en su puesto al director regional de Arica y el de Coquimbo, según confirmó en esa oportunidad el Director Nacional del servicio, Luis Eduardo Thayer.
- En esa ocasión, Thayer, señaló a Ex-Ante “hubo personas que presentaron su renuncia; hay otros que venían de la administración anterior que continúan en su cargo y a otras las notificamos del cese anticipado de su suplencia porque no eran titulares”.
- Añadió: “Ellos fueron puestos en sus cargos por cuoteo político; fueron nombrados a dedo porque eran operadores políticos. Esperábamos que hubiesen renunciado antes de adoptar estas medidas”.
- La medida se adoptó en momentos en que las denuncias de ingresos por pasos no habilitados, entre marzo y agosto de 2022, alcanzaban a 30.164 casos. Superan en 26.889 los detectados en el mismo periodo en 2021, de acuerdo a datos oficiales de la PDI.
- De acuerdo a cifras oficiales de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, entre enero y noviembre se han realizado 51.135 denuncias sobre extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados.
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Situación actual. A partir de esa realidad, las cifras del Observatorio de la Migración Responsable, que dirige el ex director del Servicio Nacional de Migraciones de la administración anterior, Álvaro Bellolio, indican que a octubre de este año se han ejecutado 17 solo expulsiones administrativas. Cifras de la PDI indican que a noviembre de 2022, se habían ejecutado 25 expulsiones administrativas, mientras que en el mismo período de 2021 fueron 239.
- Bellolio es categórico en que los despidos de personas con experiencia en el servicio”dificultó y puso trabas a la posibilidad de dictar las expulsiones administrativas por parte de la autoridad competente y se transformó en un obstáculo para materializar los procesosde reconducción en la zona norte de nuestro país”.
- Hasta ahora, no han sido reemplazados por titulares, y eso provoca que las expulsiones administrativas no sean ejecutadas con la prontitud que el caso requiere por no contar con todas las atribuciones legales que estos casos requieren.
- Desde el SERMIG, puntualizaron que “estas (las direcciones regionales) se encuentran en funcionamiento a cargo de directores/as suplentes, ya que estos cargos, por ser de segundo nivel jerárquico, están sujetos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP)”.
- Y añadieron: “en este sentido, de acuerdo al calendario establecido por el Servicio Civil, este proceso avanzará de tres en tres, avanzando de norte a sur a partir del presente mes”.
Versión del Servicio. Las expulsiones administrativas son aquellas que son gestionadas por el propio Servicio sobre quienes ingresaron clandestinamente o tienen antecedentes penales en su país de origen. De allí la preocupación de diferentes sectores. Sobre aquello, el SERMIG confirmó a Ex-Ante que a la fecha se han concretado 25 expulsiones administrativas. Además, respondió:
- Desde abril al 15 de diciembre de 2022 se han iniciado 1.754 procesos de expulsión administrativa firmadas por parte de la administración del director nacional, Luis Eduardo Thayer Correa.
- De ese total, a la fecha, el SERMIG ha derivado la cifra de 1.442 procedimientos de expulsión administrativa a la Policía de Investigaciones (PDI), quien es la institución encargada por ley de materializar esta medida.
- Desde que asumió el actual Gobierno y hasta fines de noviembre, la PDI ha concretado un total de 792 expulsiones.
- Respecto de la naturaleza de cada expulsión, la PDI ha materializado 1.009 expulsiones judiciales 25 expulsiones administrativas en lo que va del año.
- El alcalde de Colchane, Javier García, dijo a este medio que solo han tenido conocimiento de 4 expulsiones administrativas realizadas en marzo en esa zona. Y nada más en el resto del año. “Claramente la cifra es irrisoria por la cantidad de inmigrantes que ingresan diariamente al país de manera irregular”.
Complejidad de la ley. Según el servicio, hay complejidades detectadas en la implementación de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería (21.325). Para simplificar y agilizar esas expulsiones, el Ministerio del Interior propuso una modificación legal al Artículo 132 de la nueva Ley 21.325 para que incorpore la notificación de carta certificada o email, respetando el plazo de 10 días para la presentación de descargos que establece la Ley.
- Actualmente, según el SERMIG, existe una sobrecarga en la labor policial con hasta una doble notificación presencial que debe realizar PDI a la persona extranjera, dificultando el proceso de notificar y concretar la medida administrativa.
- Este proceso demanda gestiones logísticas, administrativas y operativas, las cuales no se logran realizar dentro del plazo de 48 horas que faculta la Ley, según algunas fuentes.
- Según algunos expertos policiales, los extranjeros con resolución de expulsión permanecen sin mayores medidas de control, solo la presentación periódica en la Unidad Policial, la cual no se cumple en todos los casos, no teniendo consecuencias en la práctica si la medida es incumplida.
Los anuncios de la ministra Tohá. Con esta realidad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, viajó a la Región de Arica y Parinacota. Le acompañaron los subsecretarios de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. La semana pasada ya estuvo en la región el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hay varias medidas que se acordaron, entre ellas la creación de un comité interministerial de subsecretarios “Nuestro norte”, que a partir de enero abarcará las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para mejorar las coordinaciones con las autoridades locales.
- Este grupo de trabajo estará integrado por los subsecretarios de Interior, Prevención del Delito, Desarrollo Social, Bienes Nacionales, Redes Asistenciales, Educación, Economía, Defensa, Hacienda, Vivienda, Obras Públicas, Transportes y telecomunicaciones y Agricultura.
- Se implementará un sistema integrado móvil de control en la frontera, que consistirá en cuatro instalaciones en Arica-Parinacota y Tarapacá, cada una de ellas con tres puntos de vigilancia móviles, que podrán desplazarse en la medida que las necesidades lo indiquen.
- Estarán dotados de sistemas de alta tecnología, con cámaras térmicas que funcionarán las 24 horas del día y que mejorará la detección de los tránsitos ilegales a lo largo de la frontera.
